petro
Tras el impasse por afirmaciones de Gustavo Petro en respaldo a las movilizaciones en Bolivia, la Cancillería informó que ha determinado cesar las funciones diplomáticas de la embajadora de Colombia, Elizabeth García.
La Policía Boliviana capturó la madrugada de este viernes a Marset, en el barrio de La Palmas ubicado en el tercer anillo de Santa Cruz. Horas después, fue trasladado a Estados Unidos.
También lamentó que, en vez de recibir los recursos que podría generar la exportación legal de cannabis, “se le esta ofreciendo un festín a los narcotraficantes y Colombia pierde”.
En un contexto en el que seis indígenas y un alcalde perdieron la vida recientemente, sumado a varios secuestros, Petro afirmó que esta violencia es el resultado de los intentos de grupos armados por consolidar su dominio sobre las comunidades locales.
“Hemos logrado cerrar la brecha de precio y acabar el subsidio a la gasolina. Nos espera un último incremento y a partir de allí el precio fluctuará con los vaivenes del precio internacional”.
Petro agregó: "todo lo que dijeron fue una burbuja con la intención de generar votos, no voy a decir a quienes, pero en realidad las elecciones de Colombia, con el hecho de que estamos en un país con una violencia alta, se han desarrollado como las demás elecciones recientes del país".
Los otros dos agentes de la Policía imputados son el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.
La principal concentración se hará en la Plaza de Bolívar, centro del poder político en Colombia, en la que son esperadas miles de personas, y también habrá movilizaciones en el resto del país.
"Cada vez que el fiscal Barbosa tiene una confrontación pública con mi padre Gustavo Petro, siempre habla de mi proceso y en tono amenazante. Señor Fiscal, despolitice mi proceso judicial", escribió Petro Burgos en un mensaje publicado en X (antes Twitter).
Las acusaciones son graves porque el lavado de activos tiene una pena de entre 10 y 30 años de cárcel y el de enriquecimiento ilícito de 5 a 10 años.
