Procurador
La autoridad informó que con esa meta la Procuraduría enviará notas a las cámaras de Diputados y Senadores, para que acrediten miembros integrantes de la nueva comisión.
Recordó que las atribuciones del procurador son el defender y precautelar los intereses del Estado, atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y entidades que conforman el control social en los casos que lesionen los intereses del Estado, entre otros.
Según la autoridad, lo que dispuso la autoridad jurisdiccional en una reciente audiencia fue solamente una recomendación administrativa, lo que no implica que sea una orden que deba cumplirse.
Condori indicó que lo más probable es que el señor Murillo sea deportado de Estados Unidos. De ser así, dijo, se solicitará la ejecución de la condena que tiene por los dos procesos con sentencia.
De acuerdo con información oficial, Morales Miranda ocupa el cargo de subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado desde octubre de 2023.
Morales viene de ocupar el cardo de subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado. Ahora, asume como procurador.
Esto se debe a la acusación pública hecha por Morales, en la cual afirmó que Siles habría pedido 40 mil dólares a militares implicados en los hechos del 26 de junio a cambio de su libertad.
El activista representa a una organización fundada en Estados Unidos. El Ministerio Público admitió seis imputaciones formales hasta el momento.
También aseveró que las leyes para cesar a los magistrados y suspender plazos se constituyen en una vulneración a la separación de poderes.
“Él (Morales) no tiene derecho, no es un derecho humano ser reelegido y no tiene derecho a postularse nuevamente en Bolivia”, afirmó el Procurador, a tiempo de justificar la sentencia del TCP.
Según Siles, esta decisión marca un hito en la defensa del Estado Plurinacional, porque los demandantes buscaban una indemnización desde $us 500 a $us 600 millones; sin embargo, el Estado solo tendrá que pagar los gastos administrativos y no así el pago exigido por la empresa demandante.
En contacto con medios estatales, Siles expresó su confianza que mediante las apelaciones la justicia “reponga su error” y acepte juzgar por la vía ordinaria a Áñez.
Ayer, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, también se mostró descontento con la decisión del Tribunal alteño y la calificó de "aberrante”.
