Decretazo
La audiencia se desarrollará en modalidad mixta (virtual y presencial) a las 15.00.
Según la autoridad, lo que dispuso la autoridad jurisdiccional en una reciente audiencia fue solamente una recomendación administrativa, lo que no implica que sea una orden que deba cumplirse.
El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz determinó que la audiencia por el caso decretazo se desarrolle de manera presencial, para lo que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, debe ser trasladado del penal de Chonchocoro hasta Santa Cruz,
Camacho debe ser trasladado al penal cruceño para participar de manera presencial en su audiencia por el llamado ‘caso Decretazo’, el próximo 11 de marzo.
El abogado defensor de Camacho, asimismo, especificó que la audiencia será el 11 de marzo a partir de las 13:30 horas.
El caso data de 2022 y hace referencia a la aprobación de un documento, presuntamente irregular, en el que Camacho designaba al cargo de gobernador interino a un secretario de la Gobernación y no al vicegobernador Mario Aguilera.
Estas declaraciones del presidente del Senado establecen una postura firme ante posibles acciones tanto del Tribunal Constitucional Plurinacional como del Órgano Ejecutivo, las cuales podrían menoscabar el mandato constitucional de la ALP y el principio democrático en el país.
Fueron cerca de 10 horas de audiencia que duró la audiencia, donde previamente se presentaron al menos siete incidentes y excepciones, sin embargo, todos fueron declarados infundados y luego se ingresó a la audiencia de medidas cautelares.
Según medios locales, el juez Juan José Quiroz tomó esta determinación tras que la familia argumentara que Camacho debía someterse a su tratamiento médico.
La investigación fue activada por la Fiscalía en marzo, por una denuncia presentada en marzo de 2022 cuando los asambleístas del MAS acusaron a Camacho por presuntas irregularidades debido a que designó a uno de sus secretarios como gobernador en ejercicio en vez de dejar el cargo al vicegobernador Mario Aguilera.
El gobernador cruceño se encuentra imputado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, relacionado a la polémica aprobación del Decreto Departamental 373 del pasado año que luego fue anulado.