Fiscalía pide anular resolución que permite a decano trabajar
El Ministerio Público pidió la nulidad de la resolución que le permite al decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Freddy Arce, trabajar con normalidad.
La fiscal asignada al caso, Jaqueline Ponce, solicitó a la jueza del Juzgado Sexto en lo Cautelar, Carmen Ticona, la nulidad de la resolución emitida el 5 de octubre, que se otorga el permiso a Arce para ir a trabajar en horario de oficina y sin custodio.
Arce, el docente Jhonny T., que está recluído en la cárcel de San Sebastián, y Luis N., detenido en San Antonio, son acusados de conformar una presunta red de tráfico de notas. Según denuncias de estudiantes, los sindicados recibían dinero para adelantar fechas y escoger tribunales.
Ponce mencionó que la medida adoptada por la jueza es ilegal, porque no llamó a una audiencia para modificar la medida cautelar que consistía solamente en el arresto domiciliario, que se había emitido el 28 de septiembre.
“Hemos pedido las medidas cautelares porque existe el peligro de obstaculiazación en la investigación que radica en que el acusado puede destruir y modificar los elementos de prueba en el lugar de los hechos. En este caso, la jueza le está dando esta facilidad”, dijo.
La Fiscal señaló que se esperará el plazo de 72 horas para conocer la decisión de la jueza y tomar las medidas que corresponden en caso de que se ratifique esa determinación.
La jueza no quiso dar declaraciones a este medio de comunicación, mientras que el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Rudy Siles, dijo que desconoce los antecedentes del caso, pero señaló que se debió llamar a una nueva audiencia para hacer esa modificación (permitirle trabajar).
“Todos los jueces son independientes de sus actos y no puedo emitir declaraciones”, agregó.
Ayer OPINIÓN visitó nuevamente las oficinas del decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho y comprobó que continúa acudiendo a su fuente laboral sin custodio.
La exfiscal asignada al caso Faridy Arnez manifestó que en este caso no correspondía otorgar el permiso, porque el imputado cuenta con otra actividad económica al margen de su trabajo en la UMSS y que solamente se otorga este permiso a personas en estado de indigencia o que no pueden mantener a su familia.
Sin custodio
La resolución emitida por la jueza indica que el acusado puede asistir a su trabajo sin custodio. El Policía solo debe controlar sus horarios.
La jueza tomó una decisión equilibrada con el decano
Henry Pinto
Abogado penalista
La situación jurídica del decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho, Freddy Arce, está supeditada a la decisión de la jueza cautelar y, al parecer, ha hecho una ponderación entre dos bienes en disputa: proseguir la investigación garantizando la presencia del imputado y el derecho legítimo que tiene a seguir trabajando como decano en esa facultad. Quiero apuntar la jurisprudencia que en Bolivia existe sobre la suspensión de autoridades electas que tengan un proceso penal. Para que se suspenda a un funcionario electo de sus funciones tiene que mediar necesariamente una sentencia condenatoria. Por ejemplo, haciendo una comparación tenemos el caso de Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, que tiene tres acusaciones, pero, a pesar de que también está sometido a un proceso penal sigue ejerciendo sus funciones. En el caso de Arce, tiene un mandato que cumple por elección popular de un claustro de la facultad, por ende, hay un conflicto entre el derecho al trabajo y, eventualmente, la necesidad de garantizar una investigación independiente.