“En compromiso asumido frente a la población y las autoridades gubernamentales con las que hemos tomado contacto, vamos a formalizar hoy día la denuncia; el padre Bernardo Mercado va a firmar la denuncia para que se inicie con la investigación”, dijo la jurista Audalia Zurita, abogada de los jesuitas.

El superior provincial de la Compañía, Bernardo Mercado, indicó que la denuncia estará basada en la nota de El País y tendrá un tono “genérico”. Es una medida para demostrar su compromiso con la búsqueda del esclarecimiento del hecho.

Mercado indicó hoy que se suspendieron a ocho sacerdotes, dos de ellos de avanzada edad, que habrían sido provinciales en la época en la que ocurrieron los abusos de Pica.

“Para ser más precisos con la prensa conviene tener los datos concretos; de los provinciales suspendidos son ocho, uno es exjesuita, pero ha sido provincial en su tiempo; de los ocho, cinco fueron Provinciales en vida de Alfonso Pedrajas y otros tres son posteriores a su muerte”, detalló.

Ayer, Mercado indicó en el programa Que No Me Pierda que desde que asumió el cargo superior en la Compañía, recibió dos denuncias contra el cura ya fallecido.

PRONUNCIAMIENTO

Luego de que el caso saliera a la luz y conmocionara a Bolivia entera, la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Juan XXIII condenó “enérgicamente” los hechos de pederastia ocurrido al interior de la unidad educativa durante los años 1972 y 1987.

Desde esta instancia se denunció el encubrimiento de la Compañía de Jesús, la cual -aseguran- “tendría pleno conocimiento” de los actos del cura abusador. Asimismo, expresaron su solidaridad y apoyo incondicional a los compañeros que fueron víctimas del pederasta.

La organización enfatizó que los provinciales catalanes y sacerdotes de la congregación religiosa tenían conocimiento de los abusos. Las denuncias fueron realizadas en diferentes momentos por los mismos estudiantes, quienes fueron acallados e incluso expulsados del colegio. 

En el marco de este pronunciamiento, los exalumnos exigen a la Conferencia Episcopal de Bolivia y al Estado las investigaciones que amerita el caso, “para que no quede en la impunidad”.