El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, anunció este lunes que insistirá ante la Fiscalía que obispos de la Iglesia Católica comparezcan como testigos en el caso denominado “Golpe de Estado I” y negó que tengan un fuero especial que les impida aquello.

“Vamos a volver a presentar el memorial insistiendo en que declaren estas personas, porque es lo correcto, antes de que se cierre esta investigación”, anunció el Procurador.

Chávez consideró que existe una “victimización” de los representantes de la Iglesia, ante lo cual recalcó que la solicitud es que los obispos declaren inicialmente como testigos. 

“Que su conciencia los haga culpables es su problema, primero, como testigos van a declarar”, manifestó, en conferencia de prensa.

Argumentó que su intención es que los representantes de la Iglesia esclarezcan los hechos de noviembre de 2019, cuando participaron en reuniones en la Universidad Católica.

El dichas reuniones, donde también participaron políticos del MAS y oposición, se discutió las salidas a la crisis poselectoral que vivió Bolivia en esa gestión, tras las denuncias de fraude electoral.

Chávez dijo que se ha pedido la declaración de decenas de personas y que tener trato diferente hacia algunas sería algo odioso.

La Fiscalía ya respondió a la Procuraduría que los representantes de la Iglesia tienen fuero, sin embargo, Chávez considera que este privilegio no alcanza a todos.

Explicó que, según el Código de Procedimiento Penal, representantes de misiones diplomáticas no están obligados a comparecer, sin embargo, señaló que la Convención de Viena contempla este fuero sólo para jefes de misiones diplomáticas,

En ese marco, el Procurador señaló que el fuero para la Iglesia sería solo para el Nuncio Apostólico, que es el representante acreditado del Papa. “Los otros son nomás pues bolivianos”, a menos que tengan una doble nacionalidad, agregó.

En el caso “Golpe I” fueron detenidos Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, dos exministros, además de exjefes militares. En este proceso se investiga el delito de terrorismo, a denuncia de la exdiputada Lidia Patty.

En este proceso se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019 y la asunción de Jeanine Añez.   

Evo Morales y Álvaro García figuran como víctimas en este caso, de acuerdo con la denuncia de Lidia Patty, pero no han declarado aún. El Procurador manifestó que su pedido de declaración no alcanza a los exmandatarios, debido a que no estaban en las reuniones de la Universidad Católica.