La gestión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, estuvo marcada por una férrea oposición y críticas al Movimiento Al Socialismo (MAS), de la mano de las organizaciones cívicas de esa región. También tuvo algunos líos internos y promesas incumplidas que derivaron en pedidos de un revocatorio.

Camacho fue elegido hace un año como primera autoridad del departamento por la agrupación Creemos con el 54.87% de los votos frente al 35.63% del MAS. En medio, tuvo que enfrentar procesos legales por su presunta participación en el caso golpe de Estado I en el que se le acusa por delitos como terrorismo y sedición.

Fue protagonista en al menos siete sucesos, desde su denuncia en el caso de “publicidad fantasma” hasta el “decretazo”.   

La autoridad y exlíder cívico impulsó la propuesta de federalismo en el país y al intentar socializar la misma, enfrentó reacciones adversas. Fue agredido con huevos en Tarija, impidieron su paso a Potosí con un bloqueo y en Trinidad no le quisieron recibir.

En La Paz, colgaron muñecos con su nombre y encapuchados, en un video, le amenazaron con aplicar la justicia comunitaria en su contra. No fue a la reunión por autonomías.

Pese a esto, siguió con una postura de defensa de los intereses regionales. Promovió la marcha contra la Ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas, que luego de 9 días de paro fue abrogada y para impulsar el censo.

En septiembre, durante los festejos de Santa Cruz, se registró un roce con el gobierno nacional, representado por el vicepresidente David Choquehuanca. 

Tras dar su mensaje por el aniversario del departamento, dio por concluido el acto y evitó cualquier otra intervención.

Su denuncia por el caso conocido como “publicidad fantasma” en el que se involucra al exgobernador cruceño Rubén Costas, el excandidato a la alcaldía de esa ciudad Roly Aguilera y el actual concejal Manuel Saavedra, provocó el distanciamiento con Demócratas. 

Fue acusado de “judas” y de dividir a la oposición. 

Fue responsabilizado por la muerte del periodista argentino Sebastián Moro, durante los conflictos postelectorales de 2019 y cuestionado por su relación con el exasesor de Evo Morales, Wálter Chávez.

La apertura del hospital de Montero, Óscar Urenda, generó roces con el Gobierno y advertencia de medidas de presión por la falta de ítems. 

Siguieron las controversias, esta vez, por el Decreto 373 por el que supuestamente confiere atribuciones a un secretario frente a su viaje, por lo que se allanaron las oficinas de la Gobernación. Desde su partido, la diputada Luisa Nayar,  denunció acoso político y hostigamiento. 

Finalmente, se pronunció a favor de un juicio de responsabilidades para la expresidenta Jeanine Áñez y anunció acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo.

En medio de todo, fue internado por complicaciones en su salud, su hija contrajo matrimonio y comenzó una relación.