Pacto fiscal, territorio y gestión
09 de abril de 2015 (21:03 h.)
Una condición básica de la democracia es la igualdad de derechos que los sujetos tienen ante la necesidad de distribución equitativa de la riqueza y de otros factores que inciden en su desarrollo. Sin embargo, cuando uno habla del desarrollo local y regional esta condición tiene muchos matices y a veces se tergiversa dependiendo del partido o tendencia política que se encuentra en el gobierno municipal o departamental.
Está claro que Bolivia debe responder a mitigar la pobreza partiendo de estrechar las grandes diferencias entre extremadamente pobres y extremadamente ricos, esto quiere decir que todo el desarrollo local por ejemplo debe ser operativizado desde el nivel de gestión municipal de una forma certera y equilibrada. Cuando hablamos de territorio expresado en jurisdicción municipal todos los representantes vecinales mediante la figura de la OTB quieren obras físicas sin darse cuenta que el desarrollo clama por proyectos ambientales que no se ven sino se sienten como por ejemplo: la forestación, tratamiento de torrenteras, humedales para la ciudad, servicios básicos para evitar la contaminación doméstica, control ambiental de los impactos de actividades públicas y privadas, implementación de plantas de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, educación ambiental y capacitación ambiental para la comunidad.
Esta sola característica plantea el desafío de cambiar de curso en la forma en que se priorizan los proyectos que demanda la población, estos deben ir a mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas y no responder a los intereses de los correligionarios políticos del partido de turno o vanalidades de los dirigentes de las OTB a nivel municipal.
Es hora de que la inversión pública municipal se destine a proyectos ambientales y sociales que son fundamentales para incidir en cambios de conducta de la población. Lo que planteamos es un cambio de modalidad en la forma de planificar y concertar un programa operativo anual basado primero en la realidad territorial municipal y segunda en una distribución equitativa en base a prioridades consensuadas y un acuerdo institucional democrático y participativo que garantice los destinos de la inversión priorizada de esa forma.
Está claro que Bolivia debe responder a mitigar la pobreza partiendo de estrechar las grandes diferencias entre extremadamente pobres y extremadamente ricos, esto quiere decir que todo el desarrollo local por ejemplo debe ser operativizado desde el nivel de gestión municipal de una forma certera y equilibrada. Cuando hablamos de territorio expresado en jurisdicción municipal todos los representantes vecinales mediante la figura de la OTB quieren obras físicas sin darse cuenta que el desarrollo clama por proyectos ambientales que no se ven sino se sienten como por ejemplo: la forestación, tratamiento de torrenteras, humedales para la ciudad, servicios básicos para evitar la contaminación doméstica, control ambiental de los impactos de actividades públicas y privadas, implementación de plantas de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, educación ambiental y capacitación ambiental para la comunidad.
Esta sola característica plantea el desafío de cambiar de curso en la forma en que se priorizan los proyectos que demanda la población, estos deben ir a mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas y no responder a los intereses de los correligionarios políticos del partido de turno o vanalidades de los dirigentes de las OTB a nivel municipal.
Es hora de que la inversión pública municipal se destine a proyectos ambientales y sociales que son fundamentales para incidir en cambios de conducta de la población. Lo que planteamos es un cambio de modalidad en la forma de planificar y concertar un programa operativo anual basado primero en la realidad territorial municipal y segunda en una distribución equitativa en base a prioridades consensuadas y un acuerdo institucional democrático y participativo que garantice los destinos de la inversión priorizada de esa forma.