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La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, rompió los puentes con el vicepresidente Michel Temer, al tiempo que siguió perdiendo apoyo en la Cámara de Diputados, que se apresta a decidir si respalda un posible juicio político en su contra. “Están conspirando abiertamente, a plena luz del día, para desestabilizar a una presidenta elegida legítimamente", aseguró la mandataria Rousseff.

Temer, primero en la línea sucesoria si se llega a la destitución, fue acusado de ser "uno de los jefes de la conspiración" que, según Rousseff, se gesta para el impeachment.

"Cayeron las máscaras de los golpistas", declaró Rousseff, quien aludió a un audio divulgado por Temer este lunes "por error", en el que el vicepresidente parece dar como un hecho la destitución de la Mandataria y pide construir un Gobierno de "salvación nacional". En un acto con profesores y estudiantes, la Presidenta cargó por primera vez en forma directa contra Temer, a quien no citó por su nombre.

DOS JEFES Rousseff también dio a entender que esa supuesta trama golpista tiene "dos jefes", en una aparente referencia al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien en diciembre pasado aceptó iniciar el trámite para un posible juicio político.

La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal. El Gobierno hizo "pedaladas fiscales", que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno. Esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el Gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos. Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que se le atribuye. Sin embargo esos argumentos y la teoría de la conspiración de Rousseff, no convencieron en el Congreso, en el que ayer perdió el apoyo del Partido Progresista (PP), la cuarta fuerza parlamentaria, con 49 diputados. En los últimos días, el Gobierno había coqueteado con el PP, al que pretendió seducir con ofertas de cargos en ministerios. Ese partido decidió que entregará la cartera de Integración Nacional, hasta ayer a cargo de Gilberto Occhi, dirigente de esa formación.

JUSTICIA Los tribunales brasileños han empantanado aún más al Gobierno de Rousseff e impedido que, en el último mes y medio, tenga dos piezas claves para enfrentar la crisis política como son los titulares de Justicia y de Presidencia.

Una jueza anuló ayer en forma cautelar el nombramiento del ministro de Justicia de Brasil, Eugenio Aragao, apoyada en que es miembro del Ministerio Público, razón que ya le costó el cargo a su antecesor Wellington Lima. La cartera de Justicia ha tenido tres ocupantes desde el pasado 29 de febrero y no tiene un responsable fijo desde que José Eduardo Cardozo renunció al cargo por presiones del Partido de los Trabajadores (PT), insatisfecho por el derrotero de las investigaciones del caso de corrupción en Petrobras. Aragao asumió su cargo el mismo día que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de Rousseff, juramentado como ministro de la Presidencia.

Sin embargo, el nombramiento de Lula también fue anulado y está pendiente de una decisión del Supremo, debido a una seguidilla de objeciones que aún no han sido juzgadas.

CORRUPTELA La Policía Federal brasileña detuvo ayer al exsenador Gim Argello, un hombre de negocios y político cercano a la presidenta Dilma Rousseff, en una nueva fase de las investigaciones sobre la corruptela en Petrobras.

Diputados debatirán tres días

La Cámara de Diputados de Brasil celebrará tres sesiones extraordinarias, entre el viernes y domingo, para decidir si el trámite para un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff llega al Senado.

El pleno de la Cámara baja deberá votar un informe ya aprobado el lunes en una comisión y que concluye que existen fundamentos jurídicos para iniciar un proceso con miras a la destitución de Rousseff por unas maniobras fiscales irregulares.

En caso de que 342 de los 513 diputados respalden el dictamen, el caso pasará a manos del Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si se abre el juicio contra Rousseff, quien en ese extremo sería separada del cargo durante los 180 días del proceso. En la sesión del viernes serán escuchados en el pleno los abogados responsables de la denuncia y de la defensa.

Luego, los 28 partidos representados en la Cámara dispondrán de una hora cada uno para exponer sus posiciones y el domingo será la votación.