Escena del Crimen

El crimen ocurrió en uno de los lugares que, en teoría, debía ser de los más seguros del país: un cuartel militar. Sin embargo, aquella noche, el silencio del Regimiento Manchego fue quebrado por un disparo cuya explicación aún permanece en las sombras. ¿Cómo logró el atacante ingresar a la unidad y actuar sin ser visto? ¿Por qué Juan Javier Soliz Cáceres —teniente coronel del Ejército, con años de carrera, aparentemente respetado y sin antecedentes de conflicto— se convirtió en el blanco? Aunque un suboficial fue detenido como sospechoso y presunto encubridor, el móvil del asesinato sigue siendo un enigma.

Un francotirador bajo sospecha, panfletos con amenazas políticas, dinero escondido bajo un colchón y un disparo certero en la cabeza: estos son algunos de los elementos clave que figuran detrás del crimen.

La noche del 30 de mayo, tras participar en una reunión virtual con el comandante general del Ejército y otros altos mandos, el teniente coronel Soliz —comandante del Regimiento de Satinadores de Selva 2 Cnl. Francisco Manchego, conocido como “Rangers”, en Montero— se dirigió en motocicleta a su residencia dentro del cuartel. No imaginaba que alguien lo aguardaba en las sombras. Alrededor de las 23:30, mientras se disponía a entrar a su vivienda, fue atacado por la espalda con un disparo en la nuca. 

El disparo rompió el silencio del cuartel y alertó a los guardias de turno. Cuatro de ellos declararon haber visto a un hombre alto, delgado y vestido de negro huyendo entre los cañaverales. Mientras tanto, los soldados corrieron a socorrer a Soliz, aún con vida, tendido frente a su residencia. Pese a los intentos por asistirlo, la herida fue letal: el teniente coronel no resistió y murió pocos minutos después.

Mientras el país aguardaba respuestas, las horas pasaban y crecía la presión por esclarecer lo ocurrido. Las autoridades se comprometieron a investigar a fondo. El presidente Luis Arce, al expresar sus condolencias a la familia del militar, anunció en sus redes sociales que había instruido “una profunda investigación para esclarecer las circunstancias de este crimen que no puede quedar impune”.

Por su parte, el Comando General del Ejército emitió un comunicado oficial: “En coordinación con las autoridades judiciales y policiales competentes, se ha aperturado una investigación rigurosa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y asegurar que este crimen no quede en la impunidad (...). Rechazamos todo acto de violencia y reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso de servicio al pueblo y de defensa de los más altos intereses vitales del Estado”.

Con el avance de las diligencias, surgieron distintas hipótesis: un posible ajuste de cuentas personal, un conflicto de carácter sentimental o un móvil económico. Esta última tomó fuerza tras las declaraciones del viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, quien lideró una inspección en el regimiento y no descartó irregularidades en el manejo de fondos.

El 3 de junio, la investigación avanzó con un giro clave: la Policía aprehendió al suboficial Bismark G.I., también miembro del Ejército, por su presunta implicación en el asesinato del teniente coronel Soliz, comandante del regimiento donde él desempeñaba funciones como cajero. Según el viceministro Aguilera, existen al menos cinco elementos que lo vinculan como sospechoso en el caso.

El primer indicio que lo compromete apunta a un intento de desviar la atención. Bismark G.I. dejó cuatro panfletos cerca de la entrada del cuartel con un mensaje intimidante: “No sigan operando en el Chapare o enviaremos más gente”. Según las autoridades, este intento de distracción se desplegó en dos momentos: primero, con un dron que arrojó mensajes similares en el regimiento; luego, con el propio suboficial captado dejando las hojas en inmediaciones del recinto militar.

Aguilera también detalló que, el día del crimen, Bismark G. —cajero del regimiento y encargado del pago del Bono Dignidad— salió con dos oficiales para realizar esa tarea. Alegó haber disparado su arma contra una nutria, pero sus acompañantes declararon que el animal ya estaba muerto y era devorado por aves carroñeras. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) analizará si el suboficial tenía rastros de nitrito o nitrato en las manos, lo que confirmaría el uso reciente de un arma de fuego.

Durante el allanamiento a su habitación, los investigadores encontraron munición de grueso calibre almacenada de forma irregular, fuera del depósito correspondiente. Además, hallaron más de 20 mil bolivianos escondidos bajo su colchón, monto que, según Aguilera, debía estar resguardado en dos cajas fuertes del regimiento. Estos elementos – en su criterio – refuerzan la sospecha de un mal manejo económico, lo que llevó a los superiores a ordenar una auditoría interna. A esto se suma la revisión de comunicaciones con su pareja y un abogado, en las que el militar consultó sobre procedimientos aplicables a personas sospechosas de haber disparado un arma.

Aguilera también subrayó un dato: Bismark G. cuenta con formación como francotirador, una especialidad que lo posiciona como experto en el uso preciso y letal de armas de fuego.

Pese a los señalamientos, la defensa de Bismark G. rechaza las acusaciones. Jhon Rioja, abogado del suboficial, calificó las teorías como “forzadas” y sostuvo que su cliente es inocente. Aclaró que, si bien Bismark tiene formación como francotirador, esa condición no lo convierte en asesino, ya que muchos militares de esa unidad cuentan con la misma especialización. Sobre el dinero hallado bajo el colchón, explicó que una parte pertenecía al propio militar y otra correspondía a gastos administrativos. Detalló que de los 20 mil bolivianos encontrados, al menos 12 mil eran ahorros personales que pensaba usar en su boda, y otros 5 mil estaban destinados a la alimentación de soldados.

En cuanto a la munición incautada, Rioja aseguró que pertenecía a calibres distintos al que mató a Soliz, descartando que su cliente tuviera balas de nueve milímetros. Añadió que el suboficial entregó su arma de reglamento alrededor de las 22:00, por lo que —según su versión— no la portaba al momento del crimen.

Tras las declaraciones y los indicios presentados, la Fiscalía imputó al suboficial por presunto encubrimiento y almacenamiento peligroso de munición. El 4 de junio, fue llevado ante un juez en una audiencia de medidas cautelares. Como resultado, se ordenó su detención preventiva por 120 días en el Centro de Readaptación Productiva (Cerprom) de Montero, Santa Cruz, mientras avanzan las investigaciones.

El fallo fue calificado por Rioja como “inquisitivo”. El abogado denunció que el juez consideró como riesgo procesal la supuesta falta de trabajo del suboficial, lo que —según él— resulta contradictorio, ya que su defendido es militar y fue aprehendido en su propio lugar de servicio. Ante esa decisión, la defensa apeló la medida y ahora espera la programación de una nueva audiencia.

Ese día, frente al edificio judicial, un pequeño grupo de exsoldados y expremilitares se manifestó en defensa del suboficial. Exigieron justicia y defendieron su inocencia, asegurando que Bismark G. no cometió el asesinato del comandante al que servía dentro del regimiento. Según Aguilera, ese cuartel carece de medidas de seguridad básicas, pues no cuenta con muros ni valla perimetral, solo una tranca destinada a controlar el acceso. Sin embargo, el atacante presuntamente burló esos controles para ingresar, lo que permitió el asesinato que enlutó a las Fuerzas Armadas y desató múltiples hipótesis, además de las ya mencionadas. Entre ellas, sectores afines a Evo Morales difundieron la versión de que el comandante fue asesinado por negarse a ejecutar un supuesto atentado contra el expresidente, versión que las autoridades rechazaron categóricamente.

Actualmente, el caso sigue bajo investigación, con el suboficial detenido preventivamente y en prisión. Sin embargo, las circunstancias y móviles aún no resultan concluyentes, y el misterio alrededor del asesinato persiste mientras las autoridades continúan buscando respuestas.