Asesinato de militar: suboficial va preso y abogado alega inocencia
El sindicado fue imputado por presunto encubrimiento y almacenamiento peligroso de munición. Se le vincula al caso del comandante del Regimiento Manchego, fallecido por un disparo en la cabeza.
Bismark G. I., militar del Ejército especializado como francotirador, es sospechoso del asesinato del teniente coronel Juan Javier Soliz Cáceres. Su abogado, Jhon Rioja, sostiene que su cliente es inocente.
En contraste, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, señaló que las declaraciones del militar procesado fueron incoherentes, al igual que su comportamiento. Soliz Cáceres comandaba el Regimiento de Satinadores de Selva Cnl. Francisco Manchego, en Montero, Santa Cruz. La noche del viernes 30 de mayo, alrededor de las 23:30, regresaba en motocicleta a su vivienda militar tras participar en una reunión virtual con el comandante general del Ejército y otros altos mandos. En ese momento se escucharon disparos, lo que activó la alerta del personal del cuartel. Cuatro guardias de turno declararon haber visto a un hombre alto, delgado y vestido de negro huir entre plantaciones de caña.
El comandante del cuartel estaba herido y murió poco después. Recibió un disparo en la cabeza, con entrada por la nuca y salida por la frente.
El ataque ocurrió en la puerta de su vivienda, dentro del regimiento.
El crimen llevó a la Policía y a la Fiscalía a reforzar su equipo para esclarecer el caso. El martes 3 de junio, agentes aprehendieron por la mañana a Bismark G., cajero del cuartel. Según Aguilera, las investigaciones identificaron cinco elementos que lo vinculan como implicado del asesinato, ya sea como autor o encubridor.
El primer indicio en su contra es que dejó cuatro panfletos cerca de la puerta del cuartel, presuntamente para desviar la investigación. Los mensajes decían: “No sigan operando en el Chapare o enviaremos más gente”. Así también, el día del crimen, el suboficial —cajero y encargado del pago del Bono Dignidad— salió con dos oficiales para cumplir esa tarea. Alegó haber disparado su arma para matar una nutria, pero sus acompañantes aseguraron que el animal ya estaba muerto y que aves carroñeras lo devoraban. Se espera el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que determinará si el militar tenía restos de nitrito o nitrato en las manos, lo que confirmaría el uso reciente de un arma de fuego.
En su habitación hallaron munición de grueso calibre que, según Aguilera, debería estar guardada en el depósito destinado para ello. También encontraron más de 20 mil bolivianos, que la autoridad considera debían estar resguardados en dos cajas fuertes, por lo que no descartan un “mal manejo económico” y los superiores ordenaron una auditoría. Además, revisaron comunicaciones que sostuvo con su pareja y un abogado, donde se refería a los procedimientos aplicables a personas sospechosas de usar un arma de fuego.
Sobre estas teorías, Rioja declaró a medios locales que son “forzadas” y que su cliente sufrió violencia por parte de la policía, que intentó obligarlo a declararse culpable. Afirmó que su defendido es francotirador, como muchos en esa unidad debido a su especialización, pero eso no lo convierte en asesino. Respecto al dinero, explicó que parte era propiedad del militar y otra para asuntos administrativos. De los 20 mil bolivianos, unos 12 mil correspondían a su ahorro personal, pues planeaba casarse pronto, y 5 mil estaban destinados a la alimentación de los soldados.
Sobre la munición encontrada en la habitación de su cliente, Rioja afirmó que eran de calibres distintos, pero no de nueve milímetros, el tipo de arma que segó la vida del comandante. Aseguró que su defendido dejó su pistola en el lugar correspondiente alrededor de las 22:00, por lo que no portaba el arma al menos una hora antes del asesinato de Soliz.
También llamó la atención de los investigadores que Bismark contactara por teléfono a su pareja y a un abogado para informarse sobre el procedimiento aplicado a sospechosos en casos de uso de armas de fuego.
Ayer, afuera del edificio judicial, un pequeño grupo de personas —presuntamente familiares del militar acusado— se manifestó con carteles que exigían una investigación transparente y defendían su inocencia. Tras la audiencia, Bismark fue enviado preventivamente al Centro de Readaptación Productiva (Cerprom) de Montero, por un lapso de 120 días, por presunto encubrimiento y almacenaje peligroso de munición, mientras continúan las investigaciones.
