Perú evalúa incluir lavado de activos en extradición de Belaunde
20 de marzo de 2015 (14:19 h.)
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú evaluó hoy viernes en una audiencia si se incluye el delito de lavado de activos en la ampliación de la solicitud de extradición a Bolivia del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente Ollanta Humala.
El tribunal dejó a voto el segundo cuaderno de extradición de Belaunde Lossio, donde se le imputa haber recibido fondos ilícitos del gobierno regional de Áncash entre 2009 y 2014, como parte de la investigación de las irregularidades de la oficina de comunicaciones de ese gobierno regional, conocida como "La Centralita".
La Sala Penal Transitoria estuvo presidida por el juez Jorge Luis Salas e integrada por los jueces supremos Elvia Barrios, Hugo Príncipe, José Neyra y Víctor Raúl Malca como vocales.
El fiscal supremo Alcides Chinchay explicó que la ampliación de la extradición por lavado de activos contiene una imputación adicional por asociación ilícita, para cumplir con el principio de la doble incriminación que exige el tratado de extradición entre Perú y Bolivia.
El abogado de la Procuraduría Pública para delitos de corrupción, Eddy Betalleluz, se adhirió al pedido de la Fiscalía y destacó que en la "Centralita", donde funcionaba la empresa Ilios Producciones, propiedad de Belaúnde Lossio, se almacenaban bienes por hasta dos millones de soles (unos 600 mil dólares) de procedencia ilícita.
PROCESO La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró el martes procedente el primer cuadernillo de la solicitud de extradición por los delitos de peculado (apropiación indebida de fondos públicos) y asociación ilícita.
El empresario se encuentra actualmente en arresto domiciliario en La Paz, donde la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó en dos ocasiones su solicitud de refugio.
Belaunde Lossio, quien fue asesor de Humala en la campaña electoral de 2006, está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.
Belaunde tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014, después de que un tribunal de Perú ordenara en mayo su detención preventiva durante 18 meses, por presuntos delitos contra la administración pública, peculado y asociación ilícita para delinquir.