Acusan a Sánchez de Lozada y 18 personas más por privatizar ENFE
La Fiscalía General de Estado presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acusación contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y otras 18 personas por la privatización parcial de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) en 1995.
Los delitos de los que acusan al expresidente y su exministro José Carlos Sánchez Berzaín, entre otros, son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, según un comunicado de la Fiscalía, según EFE.
Otros acusados lo son por los delitos de uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
El fiscal Superior, José Manuel Gutiérrez, informó que ha concluido una fase de investigación de la etapa preparatoria. "También se presentó la acusación formal contra varios miembros del Directorio de esa empresa (Empresa de Ferrocarriles Andinos Sociedad Anónima) que fueron parte de la reducción de capital, que desde el punto de vista de la investigación ha sido absolutamente ilegal y en contra del mandato de la Ley de Capitalización", complementó, según ABI.
TRANSFERENCIA El caso se remonta a la aprobación, durante el primer Gobierno de Sánchez de Lozada, de la transferencia a la compañía chilena Cruz Blanca del 50 por ciento de las acciones de ENFE por precio menor al valor real, según la acusación.
La Fiscalía argumentó que para ello se usó "como estrategia la conformación de dos sociedades de economía mixta, dividiendo de esa manera el sistema ferroviario en dos redes o unidades económicas".
Las empresas Ferroviaria Andina y Ferroviaria Oriental asumieron la red en el occidente y oriente de Bolivia, respectivamente, mientras que ENFE quedó como administradora de bienes no empleados en el servicio ferroviario.
"Sánchez de Lozada y su gabinete dispusieron la adjudicación del paquete accionario de la capitalización de la empresa FCA SAM - Ferroviaria Andina - a la empresa chilena Cruz Blanca (a través de la asociación formada al efecto), por un monto de dinero que equivalía a menos de la mitad del capital autorizado", advirtió.
Apuntes
Daño económico
La Fiscalía detalló una serie de hechos por los que estima un daño al Estado boliviano del equivalente a unos 20.5 millones de dólares, por haber autorizado la operación supuestamente a un precio menor al estimado, sin atender una oferta mayor de otra empresa y con un perjuicio por inversiones no efectuadas durante siete años.
Decreto
El Decreto Supremo Nº 24186 del 15 de diciembre de 1995, suscrito por Sánchez de Lozada y su gabinete, dispuso la adjudicación del paquete accionario de la capitalización de la empresa FCA SAM a la empresa chilena Cruz Blanca S.A. (a través de la asociación formada al efecto), por un monto de dinero que equivalía a menos de la mitad del capital autorizado e incluso menor al del capital pagado con el que se constituyó la FCA SAM.
Capitalización
Se estableció que el capital autorizado era 274.264.400 bolivianos, descartando inclusive que existía otra empresa interesada que, aunque hubiera cometido un error formal, en los hechos había presentado una oferta mayor a la que realizó Cruz Blanca, que al final, con la reducción de capital y el aporte de la empresa capitalizadora, se redujo a 132.244.800 bolivianos