Hay expectativa por la respuesta que el Gobierno de Bachelet vaya a dar, en julio de 2016, a la memoria presentada por Bolivia, luego de que la CIJ se declarara competente en 2015.

Es comprensible la expectativa con la que se espera la contramemoria que deberá presentar Chile el próximo 25 de julio, dentro del proceso que se sigue ante la Corte Internacional de Justicia, como resultado de la demanda interpuesta por Bolivia en procura de lograr que el Gobierno de Santiago cumpla con los compromisos que asumió para devolverle a Bolivia su condición de país marítimo.

Después de la resolución emitida por la CIJ el pasado 24 de septiembre, desestimando la objeción preliminar presentada por Chile sobre una supuesta falta de competencia de la Corte para tratar el fondo de la demanda, las autoridades del vecino país tuvieron que cambiar el tono de sus declaraciones iniciales.

El canciller Heraldo Muñoz, aplacando su vehemencia anterior a la citada decisión de la Corte, abandonó el lenguaje de su antecesor el ministro Alfredo Moreno, quien, en junio de 2013, sentenciaba con aires intimidatorios que ahora “Bolivia deberá probar de dónde surge la obligación de Chile de negociar una salida soberana al mar para ese país”, enfatizando en que “Bolivia va a tener que probar esta supuesta obligación, ya que solo hubo conversaciones”, repitiendo aquello de “que no existe ninguna obligación legal, ningún compromiso que Chile haya tomado ni ahora ni antes ni nunca de otorgar una salida soberana a Bolivia a través de territorio chileno”.

La amnesia diplomática no suele ser la mejor consejera. La petición boliviana está respaldada por lo que los juristas llamarían prueba preconstituida, establecida por las numerosas ocasiones en las que el vecino país se comprometió formalmente a resolver nuestro enclaustramiento geográfico.

Tales compromisos se inician con los tres tratados firmados en 1895 y, luego, a lo largo del siglo XX, solo para recordar los principales, en el ámbito bilateral, están las notas intercambiadas en 1950, el memorándum de 1961, y, en especial, la negociación iniciada en el encuentro de Charaña.

En efecto, mediante nota formal, fechada el 19 de diciembre de 1975, el canciller chileno de la época comprometió la voluntad de su gobierno de negociar la transferencia a favor de Bolivia de un territorio al norte de Arica que resuelva el enclaustramiento geográfico de nuestro país. Y, acto seguido, como reafirmación de esa voluntad procedió a requerir el consentimiento del Perú, en aplicación del Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929. Si bien existen otros antecedentes, basta uno como prueba concluyente.

Por lo tanto, el equipo de juristas y diplomáticos chilenos la tienen muy difícil, porque, sencillamente, por brillantes que pudieran ser los argumentos de la contramemoria, no hay artilugio jurídico posible que haga desaparecer ante el acucioso criterio de los miembros de la CIJ, los antecedentes antes mencionados. Ni siquiera ejercitando esa suerte de ilusionismo diplomático que ensayó, sin éxito, el canciller Muñoz cuando se conoció el fallo del 24 de septiembre del pasado año, tratando de mostrar cosas que no existen y hacer desaparecer realidades inocultables.

Se recordará que, en el afán de tranquilizar a la opinión pública de su país, señaló que la Corte, a tiempo de darle la razón a Bolivia, habría reducido el objeto central de su demanda. Por el contrario, la CIJ fue clara: se declaró competente, junto con determinar que, en vista del consiguiente análisis, el objeto materia de la disputa es si Chile está obligada a negociar de buena fe el acceso soberano de Bolivia al océano Pacifico, y, si tal obligación existe. Como es lógico, estaba anticipando que serán las partes las que de buena fe buscarán el acuerdo que le dé a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico. Y eso es, exactamente, lo que ha solicitado nuestro país en su demanda.

Es más, conforme al Derecho y la doctrina internacionales ese antecedente diplomático cumple con los cuatro requisitos que caracterizan un compromiso formal exigible, vale decir, el haber sido realizado por una autoridad con capacidad para comprometer la fe del Estado, que se refiera a un caso concreto, que esté dirigida a destinatarios específicos y, por último, que tenga carácter público.

Es posible, también, que en su afán por eludir responsabilidades histórico-jurídicas, la diplomacia de Santiago apele al argumento, también deleznable, de que habría sido Bolivia la que interrumpió el diálogo, especialmente en el proceso de Charaña. En tal caso, la respuesta será incontestable. Chile, durante 1977, ya había quebrantado su compromiso y, por tanto, cancelado la negociación, desde el momento en que resolvió desconocer la obligación de obtener el consentimiento peruano, para transferir a Bolivia el territorio ofrecido al norte de Arica, con lo cual estaba decretando el fin de las tratativas. No se explica de otra manera, la decisión del Gobierno chileno de rechazar, de plano, la propuesta peruana, y peor aún, tratar de endosar a Bolivia la responsabilidad de obtener el consentimiento del Gobierno de Lima.

Este episodio pone al descubierto, además, que Chile no había actuado de buena fe al ofrecerle a Bolivia un territorio que no podía transferir.

No se podría, en consecuencia, atribuir a Bolivia la ruptura del diálogo porque éste –como demuestran los hechos -, ya había sido truncado en su razón de ser: levantar nuestro enclaustramiento.

En todo caso, debemos alentar, con cauteloso optimismo, la convicción de que el fallo final de la CIJ será favorable a Bolivia.

Terminada, en consecuencia, la etapa jurídica, se abrirá, necesariamente, el escenario político - diplomático, en el que, esperamos que no se vuelvan a presentar aquellos obstáculos que, en el pasado, impidieron resolver esta cuestión vital, que podríamos resumirlos en la sistemática falta de voluntad política de Chile, la evasiva voluntad política del Perú para viabilizar el arreglo, y en el frente interno de Bolivia, una opinión nacional coincidente sobre las dimensiones, características y eventuales costos de la solución que buscamos; factores que necesariamente deberán coincidir en un mismo tiempo político internacional, algo que no ocurrió en el largo período de 137 años, y ello explica la razón principal por la que no pudimos alcanzar el objetivo de nuestra reintegración marítima.

(*) Javier Murillo de la Rocha

Excanciller y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

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“Hemos abordado (el tema de la demanda marítima). Yo creo que es preciso hablar con Chile, hay conversaciones de larga data. Creo que sería bueno reanudar estas conversaciones (...) “Es preciso hablar con Chile”.

Alemania. Ángela Merkel, canciller alemana. Noviembre de 2015.

“Cuando yo era presidente de los Estados Unidos (1977-1981) hice un llamado para que Bolivia tenga un acceso al mar y yo me he sentido muy satisfecho con la decisión de la Corte, de hace algunos días, para que este tema sea resuelto entre Bolivia y Chile. Espero que Chile negocie de buena fe con Bolivia para resolver este tema (...) Yo no quiero ver a un lado ganar y a otro lado perder, quiero que los dos lados ganen (...)”. Declaró tras un encuentro con el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma en su visita a Alemania.

Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz. Septiembre de 2015.

“Bolivia y Chile deben hallar mecanismos de solución, más aún están ventilando el tema en La Haya”.

Ricardo Ulcuango, embajador del Ecuador en Bolivia. Marzo de 2016.