Constructora quiere reponer este 2023 ‘puente caído’ en la zona sur

La estructura del puente caído en la avenida Independencia y 6 de Agosto, este 25 de abril./ NOÉ PORTUGAL
El paso a desnivel de la avenida Independencia y 6 de Agosto colapsó en 2015, a 10 meses de su inauguración, durante la gestión de Edwin Castellanos.

Luego de más de siete años de haberse registrado el colapso del puente de la avenida Independencia y 6 de Agosto, se prevé su reposición con conclusión de obras este 2023, según informó ayer el abogado de la Constructora Álvarez, Jorge Iriarte.

El tema hace referencia al paso a desnivel de la avenida Independencia y 6 de Agosto. Esta obra fue inaugurada el 19 de diciembre de 2014, y el puente colapsó el 22 de octubre de 2015. El proyecto fue adjudicado a la empresa Álvarez por un contrato de excepción, después que dos licitaciones se declararan desiertas. Demandó una inversión de casi 11.7 millones de bolivianos.

Tras el colapso, se inició un proceso se inició contra del exalcalde de Cochabamba Edwin Castellanos (autoridad entre 2010 y 2015), del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de otras exautoridades, técnicos y responsables de la constructora.

El abogado Iriarte manifestó que lo más cercano en la actualidad es la firma de un acuerdo.

“La firma del documento se hace entre el Alcalde y los interesados que son el ingeniero Vega (quien fue supervisor) y el ingeniero Álvarez (de la constructora)”.

A decir de Iriarte, solo resta revisar los últimos términos del documento y avanzan en ello. Existe un cronograma; para hoy está fijada una reunión, y hay otra la próxima semana.

“Entendemos que hasta martes o miércoles estaremos firmando el documento”, dijo, haciendo referencia a los términos para la construcción de la plataforma del puente.

LAS OBRAS

Luego de este acuerdo, correrían 45 días para el inicio de obras.

“Una vez que el documento esté firmado, correrá un plazo de 45 días para lo que son las soluciones viales, las instalaciones de faenas, la adquisición de materiales y enseguida vienen las obras mismas y se espera que en un plazo de no más de seis meses el puente esté ya reparado”.

Detalló que durante estos años se trabajó en un proyecto que implica primero haber definido que el arco y las estructuras están sanos y utilizables, y que solo hay que reparar la plataforma.

EL PROCESO

Respecto al proceso, Iriarte dijo que el mismo está suspendido, mientras esta etapa de resuelva.

“Entendemos que una vez que esto marche, el proceso seguirá su curso, como tiene que seguir. Pero, en el marco de la Ley 1390 que ha instaurado el programa de justicia restaurativa. Los interesados que han de reponer el puente, han de pedir seguramente la extinción de la acción penal, una vez que esto se termine”, sostuvo.

La Ley 1390 modificó el Código Penal e implantó la justicia restaurativa. Eso da un camino de solución ante este problema, según el abogado.

Considerando estos aspectos legales, hace poco más de un año, el exalcalde Castellanos y dos personas más plantearon resarcir daños en el caso del denominado "Puente Caído".

En el proceso fueron acusadas siete personas, entre ellas el exalcalde Castellanos, el exoficial Administrativo de la Alcaldía, el supervisor de la obra, el exoficial mayor de Infraestructura y el fiscal de obra, a quienes se les instauró el proceso por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica.

CASO HEREDADO

El exalcalde José María Leyes heredó de Castellanos ese caso, y al ver que no había avances en las investigaciones y considerando que el puente caído generaba infinidad de problemas, sobre todo para el transporte, en mayo de 2016 ordenó la demolición de la plataforma dañada. Desde entonces, hace casi siete años, la obra se muestra solo con las estructuras laterales; existen pasos improvisados para los vehículos.

Ya en octubre de 2018, la empresa constructora planteó la reposición de la parte dañada del puente caído con aportes provisionales de todos los actores involucrados. Entonces, se informó que la reconstrucción de la plataforma central tendría un costo de dos millones de bolivianos. Aquella vez, la propuesta fue rechazada por algunos de los involucrados y las autoridades municipales.