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Según su abogado, Raúl Salas, el Ministro de Educación, en su declaración, reconoció que tiene una empresa desde 2021, pero que se encuentra inactiva.

Una dirigente elevó la acusación, de manera formal, en la Fiscalía de La Paz. Según su versión, en redes sociales contactó con unos inversores y se comunicó con una presunta funcionaria pública.