Presupuesto reformulado y fiscalización
Finalmente, tras del anuncio de medidas de presión, vigilias y amenazas de bloqueo de carreteras por parte de municipios, universidades y organizaciones sociales afines al Gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023, después de que se retiraran dos disposiciones observadas por la oposición y el ala “evista” del MAS.
La demanda de diferentes sectores era la aprobación inmediata de este reformulado, debido a que municipios y universidades se habían quedado sin dinero para continuar con los proyectos de inversión y en sus cuentas no tenían siquiera para cancelar sueldos y aguinaldos.
Y toda vez que el reformulado ha sido ya promulgado por el Gobierno, los municipios y las universidades deberán recuperar el tiempo perdido. Eso equivale a decir que tienen que dar continuidad a las obras que se quedaron paralizadas por falta de recursos económicos.
Si bien el dinero del reformulado se utilizará también para el pago de salarios, los municipios y las universidades deben tener en cuenta que la prioridad es que inviertan estos recursos económicos en obras de desarrollo, tal como argumentaron en el momento de reclamar al Legislativo.
Y está en manos de los entes de fiscalización controlar cada centavo que se vaya a invertir de este reformulado con el fin de que no se malgaste el dinero que se reúne con el esfuerzo de todos los bolivianos.
Los asambleístas deben tomar en cuenta, cuando tengan que aprobar proyectos de ley, que la prioridad es la población, por lo que es menester que dejen de lado las pugnas que puedan existir entre oficialismo y oposición, o entre “evistas” y “arcistas” que son parte del MAS.
En la sesión del pasado martes, que se extendió por casi siete horas, 115 asambleístas votaron por la aprobación del reformulado, lo que permitirá a municipios y universidades disponer de recursos económicos adicionales para continuar los proyectos de desarrollo.
Los asambleístas podían haber acordado la aprobación de este reformulado mucho antes, sin necesidad de castigar a la población que requiere con urgencia los recursos económicos adicionales. Pero, si no se hizo antes fue por las posturas radicales e interesadas de algunos legisladores que responden a intereses particulares, especialmente partidarios.
Si hay controversia en el tratamiento de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, la mejor opción es alcanzar acuerdos, pero siempre pensando en el beneficio de la gente y no de los partidos políticos.
Que esta sea una lección para que la próxima vez no se espere tanto tiempo para aprobar normas que son tan necesarias, solo se requiere voluntad de quienes son los representantes de la población.