Gobierno debe regular el dólar paralelo
El precio del dólar en el mercado paralelo sigue subiendo, pese a que el cambio oficial se mantiene en 6.96, y no hay autoridad alguna que ponga un freno a esta escalada que comenzó a inicios de la gestión 2023 a causa de la escasez de esta divisa.
El gobierno reitera que el cambio oficial del dólar se mantiene en 6.96 bolivianos para la venta y en 6.86 para la compra; sin embargo, la realidad es muy distinta, el precio de esta moneda extranjera se ha llegado a casi triplicar.
Lo que más preocupa a la población es que la mayor parte de los comerciantes cotizan los productos que venden según el cambio del dólar en el mercado paralelo e incrementan sus precios casi cada día.
La queja generalizada de las familias es que no hay estabilidad en los precios de los productos, por lo que se ven sorprendidas cada día con el incremento constante de las cotizaciones.
Desde diferentes sectores, el pedido es que el gobierno intervenga de manera urgente en la regulación del dólar para que el cambio de esta divisa en el mercado paralelo se estabilice y, por ende, también los precios de los diferentes artículos que se venden en los mercados o importadoras.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), por ejemplo, instó al gobierno que tome medidas urgentes y prioritarias para contener el alza en la cotización de las divisas. Entre las propuestas planteadas están la liberación de las exportaciones y la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Pero una medida aún más urgente y necesaria es identificar a todas las personas o grupos que especulan con la venta del dólar y procesarlas por el daño que están causando a miles de familias en Bolivia.
Así como el gobierno, mediante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, identifica y procesa en la Justicia a las personas que acumulan ilegalmente combustibles para vender a precios exorbitantes, debería proceder de la misma manera contra los que especulan con el dólar y provocan la subida en su precio, porque están causando un daño irreparable a la economía del país y atentan contra la seguridad alimentaria de millones de bolivianos.
Las familias no pueden seguir viviendo en incertidumbre por los constantes incrementos en los precios de los diferentes productos, porque, además, miles ya no pueden acceder a comprar siquiera los alimentos más indispensables que componen la canasta básica, por lo que se ven obligadas a disminuir el número de comidas del día o dejar de pagar obligaciones como servicios básicos. Y la compra de ropa o el pago de la matrícula en los colegios quedan postergados.
Es obligación de este y el próximo gobierno que se elija en las urnas el próximo 17 de agosto buscar soluciones estructurales a la crisis en la que está inmersa Bolivia, con grandes proyectos de exportación que permitan la llegada de divisas.