Evolución del sistema financiero boliviano
La Constitución Política del Estado establece como política financiera que el Estado regulará el Sistema Financiero (SF) con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, priorizando la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.
En periodos pasados regía la Ley Nº 1488 de 14 de abril de 1993, norma legal con enfoque neoliberal, por cuanto, las entidades financieras pactaban libremente tasas, créditos y comisiones. La oferta de servicios financieros contemplaba una perspectiva proteccionista de las entidades financieras, omitiendo la atención y reconocimiento de derechos de los usuarios, así como el papel que debían desempeñar estas instituciones en el desarrollo económico y social del país. Asimismo, la demanda de los servicios estaba orientada a las grandes empresas privadas que requerían un conjunto mayoritario de operaciones, desconociendo la diversidad económica, productiva y cultural de las unidades económicas medianas y pequeñas.
Por otra parte, a partir de la Ley Nº 393 de 21 de agosto de 2013 y con base en pilares del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (MESCP), se marcó un nuevo hito en la historia financiera de Bolivia, apostando por su desarrollo a través del apoyo financiero a la producción y la mejora de las condiciones para la población, mediante la canalización de recursos en condiciones más accesibles para la vivienda, la transparencia de los servicios, el fortalecimiento de las medidas prudenciales, la solvencia de las entidades financieras y la protección del consumidor financiero.
En este contexto, dicha norma tiene un enfoque social y productivo, donde el Estado interviene para fijar tasas y niveles de cartera para el sector productivo, vivienda de interés social, así como la regulación de comisiones y periodos de gracia. Se prioriza la universalidad de los servicios financieros, apoyando principalmente las actividades productivas, la inclusión financiera y la estabilidad del sistema financiero. Al respecto, se incorpora nuevas entidades con especialización en la prestación de servicios en el sector de pequeñas y medianas empresas sin restricción para microempresas, así como instituciones comunales concebidas como organizaciones sin fines de lucro, creadas por organizaciones de productores u otros sectores, cuya finalidad es el financiamiento de la actividad de sus miembros en condiciones de fomento.
Es así que en el 2005, los depósitos y créditos del sistema financiero alcanzaban a 3.678 millones de dólares y 3.360 millones, y a septiembre de 2021, los mismos registraron 29.793 millones de dólares y 28.109 millones, lo cual representa un incremento considerable del 710% y 736%, respectivamente. El índice de mora del sistema financiero reportó 10,1% en 2005, reduciéndose a 1,7% a junio de la presente gestión.
Tras la asunción del gobierno del Estado Plurinacional a la cabeza del presidente Luis Arce, se determinó el restablecimiento de las medidas de fomento al sector productivo, restaurando inicialmente los límites de cartera productiva y de vivienda de interés social, los cuales fueron reducidos por el gobierno de facto. Consiguientemente, y como medidas para la reconstrucción y reactivación de la economía del país, se crearon créditos destinados al sector productivo, con una tasa de interés anual de 0,5% para el financiamiento de proyectos de impulso a la sustitución de importaciones (SIBOLIVIA), y el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) con la finalidad de otorgar créditos en favor de las entidades territoriales autónomas, para financiar contrapartes locales de proyectos de inversión pública, que cuenten con financiamiento externo y/o interno, que sean concurrentes con el nivel central del Estado, con un plazo de hasta 18 años, tasa de interés del 2% y período de gracia de 2 años.
Finalmente, es necesario resaltar que con la aplicación del MESCP y de políticas en el ámbito monetario y financiero, el sistema financiero boliviano es sólido y sostenible, lo cual permite canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión, contribuyendo al desarrollo integral del país, con importantes efectos sobre la actividad económica, el empleo, la disminución de la pobreza, la exclusión social y económica.
FORO
Fernando Roger Chuquimia Vargas
Experto Financiero
ferchuquimia2014@gmail.com