La Policía se resigna ante robo de armamento en Ivirgarzama

A cuatro meses y trece días de que cientos de cocaleros y transportistas de Ivirgarzama robaran armas, equipos y computadoras con información confidencial de la Policía, las investigaciones del Ministerio Público no avanzan y al Comando General de la Policía, parece no importarle, pues a pesar del peligro que implica la existencia de ciudadanos comunes, en posesión de armas del Estado, hasta ahora no se ha recuperado lo sustraído.

El 2 de mayo de 2007, doce efectivos de Diprove La Paz que, en el cumplimiento de su deber, recuperaron de manos de un transportista de Ivirgarzama, un vehículo reportado como robado en Cochabamba, fueron interceptados, secuestrados, golpeados, desarmados, desnudados y estuvieron a punto de ser linchados por transportistas, cocaleros y comunarios de Ivirgarzama, al mando de dirigentes identificados como Severo Huanca, Lorenzo Fajardo, Wilson Arnez y Zenón Ledezma.

Estos dirigentes están acusados por Diprove, de los delitos de tentativa de homicidio, secuestro, instigación pública a delinquir, robo agravado de armas y equipos institucionales, asociación delictuosa, lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir, daño calificado y otros. Sin embargo, las investigaciones avanzan muy lentamente y la fiscal asignada al caso, Litzy Torrico, no ha logrado recuperar todo lo robado a los policías, debido a un “pacto de silencio”.

Al respecto, el comandante General de la Policía, Gral. Miguel Vásquez, dijo en entrevista con OPINIÓN, que la Policía es una institución democrática y por ello “el suceso” del 2 de mayo, fue denunciado a la instancia jurisdiccional y esperan “que el Ministerio Público haga su trabajo, nosotros hemos hecho los pedidos, a través de las instancias institucionales, para que se recupere ese armamento”, replicó.



Resignación

Ante la interrogante de si la Policía está resignada a perder el armamento, toda vez que la fiscal de Ivirgarzama ha denunciado que existe un pacto del silencio, que impide recuperar todo lo robado, Vásquez alegó que “nada se puede hacer al margen de la ley, nosotros trabajamos bajo dirección funcional”.

Consultado sobre si el hecho de que los principales sindicados de los delitos cometidos contra Diprove, son dirigentes cocaleros, afecta el que la Policía demuestre una posición más determinante en torno a la recuperación del armamento estatal, Vásquez reaccionó molesto y dijo que prefería no involucrarse en temas de comentarios políticos. “Mi cargo y mis asuntos son institucionales, técnicos y administrativos”, concluyó y se fue rápidamente.

En la querella presentada por Diprove, figuran entre las cosas sustraídas, 10 uniformes, 6 pistolas, 1 revólver, 1 computadora portátil con los registros nacionales de denuncias de autos robados, 2 radios de comunicación policiales, handys y 2 máquinas fotográficas digitales que son del Estado, sin hablar de pertenencias personales como billeteras, dinero, celulares y otros.