Detención o liberación de Fernández no dependen del Estado de sitio
26 de octubre de 2008 (21:52 h.)
La Paz/ABI
Todos los esfuerzos políticos por levantar el Estado de sitio en Pando no cambiarán la detención preventiva del ex prefecto, Leopoldo Fernández, acusado en un juicio ordinario interpuesto en La Paz por la muerte de tres estudiantes normalistas el pasado 11 de septiembre en la masacre de El Porvenir, donde murieron 18 personas.
Mary Carrasco, abogada de las víctimas, manifestó que el fiscal General de la República, Mario Uribe, y los ministros de la Corte Suprema de Justicia están "jugándose" para beneficiar al imputado, ya que en la lógica de estas autoridades, Fernández debe salir libre.
"Nosotros no pensamos que la situación penal contra Leopoldo Fernández dependa del Estado de sitio, él está acusado de asesinato y terrorismo en un juicio ordinario, porque las acciones penales no necesitan esa ayuda", afirmó Carrasco a la prensa.
En los últimos días, algunos medios de prensa y políticos opositores cuestionaron al Gobierno por mantener el Estado de excepción en Pando, cuando se apresta encarar el proceso electoral del referendo constitucional previsto para el 25 de enero de 2009.
Este hecho ha generado el rechazo de los sectores sociales en Pando, donde exigieron al presidente Evo Morales mantener la medida, porque consideran que aún no está pacificada la región y que existe el riesgo de que los sicarios vuelvan a la región para amedrentar a los campesinos.
Por su parte, el presidente de la Comisión Especial de Diputados, René Martínez, aclaró que un informe de esta instancia y aprobado en el pleno camaral decidirá si Fernández va a un juicio ordinario o de responsabilidades.
El juez quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, ordenó el 18 de septiembre la detención preventiva de Leopoldo Fernández, en la cárcel de San Pedro.
El Juez sustenta su decisión en la posibilidad de riesgo de fuga del imputado y obstaculización a las investigaciones que se llevan a cabo en Pando por la muerte de tres estudiantes normalista y otras 12 personas.
"La investigación ha avanzado a tal grado que tenemos identificados entre 35 y 40 personas que han utilizado las armas y son las que han victimado y herido alas personas, esas personas tienen con nombres, apellidos y apodos", informó Carrasco.
Todos los esfuerzos políticos por levantar el Estado de sitio en Pando no cambiarán la detención preventiva del ex prefecto, Leopoldo Fernández, acusado en un juicio ordinario interpuesto en La Paz por la muerte de tres estudiantes normalistas el pasado 11 de septiembre en la masacre de El Porvenir, donde murieron 18 personas.
Mary Carrasco, abogada de las víctimas, manifestó que el fiscal General de la República, Mario Uribe, y los ministros de la Corte Suprema de Justicia están "jugándose" para beneficiar al imputado, ya que en la lógica de estas autoridades, Fernández debe salir libre.
"Nosotros no pensamos que la situación penal contra Leopoldo Fernández dependa del Estado de sitio, él está acusado de asesinato y terrorismo en un juicio ordinario, porque las acciones penales no necesitan esa ayuda", afirmó Carrasco a la prensa.
En los últimos días, algunos medios de prensa y políticos opositores cuestionaron al Gobierno por mantener el Estado de excepción en Pando, cuando se apresta encarar el proceso electoral del referendo constitucional previsto para el 25 de enero de 2009.
Este hecho ha generado el rechazo de los sectores sociales en Pando, donde exigieron al presidente Evo Morales mantener la medida, porque consideran que aún no está pacificada la región y que existe el riesgo de que los sicarios vuelvan a la región para amedrentar a los campesinos.
Por su parte, el presidente de la Comisión Especial de Diputados, René Martínez, aclaró que un informe de esta instancia y aprobado en el pleno camaral decidirá si Fernández va a un juicio ordinario o de responsabilidades.
El juez quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, ordenó el 18 de septiembre la detención preventiva de Leopoldo Fernández, en la cárcel de San Pedro.
El Juez sustenta su decisión en la posibilidad de riesgo de fuga del imputado y obstaculización a las investigaciones que se llevan a cabo en Pando por la muerte de tres estudiantes normalista y otras 12 personas.
"La investigación ha avanzado a tal grado que tenemos identificados entre 35 y 40 personas que han utilizado las armas y son las que han victimado y herido alas personas, esas personas tienen con nombres, apellidos y apodos", informó Carrasco.