Cuando la pandilla criminal MS-13 mandaba en la colonia de Las Margaritas, uno de sus bastiones en El Salvador, había que seguir unas reglas para poder sobrevivir.

No podías vestir el número 8 porque estaba asociado con la pandilla rival Mara Barrio 18. No podías usar la marca de zapatillas deportivas que usaban los pandilleros. Y bajo ninguna circunstancia podías llamar a la policía.

“La gente no podía quejarse con la policía por lo que decían los bichos”, afirmó Sandra Elizabeth Inglés, residente del lugar, refiriéndose a los miembros de la pandilla. “Hasta cierto punto llegó a ser la autoridad en este sistema”.

El Salvador, el país más pequeño de América Central, solía ser conocido como la capital de los asesinatos del hemisferio, y tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo, exceptuando zonas de guerra.

Pero en el año transcurrido desde que el gobierno declaró un estado de emergencia para mitigar la violencia de las pandillas, a través del despliegue de las fuerzas militares en las calles, la nación ha experimentado una transformación notable.

Hoy, los niños juegan fútbol hasta altas horas de la noche en campos que solían ser territorio de pandillas. Inglés recolecta tierra para sus plantas cerca de un edificio abandonado que, según los residentes, se utilizaba para los asesinatos de las pandillas.

La cantidad de homicidios se desplomó. Los pagos por extorsión impuestos por las pandillas a los negocios y los vecinos, que solían ser una economía en sí misma, también se redujeron, afirmaron los analistas. “Puedes caminar libremente” afirmó Inglés. “Tanto ha cambiado”.

El Faro, el principal medio de comunicación del país, hizo un trabajo de inspección en El Salvador a principios de este año y llegó a una conclusión impresionante: las pandillas, en su gran mayoría, “ya no existen”.

Sin embargo, según los críticos, ese logro ha tenido un costo incalculable: arrestos masivos que se llevaron a miles de personas inocentes, la erosión de las libertades civiles y el descenso del país hacia un Estado policial cada vez más autocrático.

La mayoría de los salvadoreños parecen estar dispuestos a aceptar ese trato. Hartos de las pandillas que los aterrorizaron y obligaron a muchos a huir a Estados Unidos, las encuestas sugieren que la amplia mayoría de la población apoya las medidas y al presidente responsable de ellas.

Con índices de aprobación cercanos al 90%, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de 41 años, se ha convertido en uno de los líderes más populares del mundo y se ha ganado seguidores en todo el hemisferio occidental.

Los hondureños corearon el nombre de Bukele y lo vitorearon durante la toma de posesión de su presidenta el año pasado. Una encuesta reveló que la población en Ecuador, donde se está incrementando la violencia, tiene una mejor opinión de Bukele que de sus propios líderes.

A medida que los políticos de México y Guatemala han prometido emular la férrea estrategia de Bukele, los críticos están cada vez más preocupados de que el país pueda convertirse en un modelo para un trato peligroso: el sacrificio de las libertades civiles a cambio de la seguridad.

“Sigo siendo increíblemente pesimista sobre lo que esto significará para el futuro de la democracia en la región”, afirmó Christine Wade, una experta en El Salvador del Washington College en Maryland. “El gran riesgo es que esto se convierta en un modelo popular para que otros políticos digan: ‘Bueno, podríamos brindarles más seguridad a cambio de que renuncien a algunos de sus derechos’”.

El gobierno salvadoreño ha arrestado a más de 65.000 personas en el último año, incluidos niños de hasta 12 años, lo que ha más que duplicado la población carcelaria total. Según el conteo del propio gobierno, más de 5.000 personas sin vínculos con las pandillas fueron apresados, y eventualmente liberadas. Al menos 90 personas murieron bajo custodia, declaró el gobierno.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado arrestos masivos arbitrarios, así como hacinamientos extremos en las cárceles y reportes de torturas por parte de los guardias.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, declaró en una entrevista que los reportes sobre abusos de las autoridades estaban siendo investigados y afirmó que las personas inocentes que habían sido arrestadas estaban siendo liberadas.

“Hay un margen de error”, afirmó, defendiendo lo que calificó como una estrategia “casi quirúrgicamente impecable”. “La gente sale, compra, va al cine, va a la playa, va a los partidos”, afirmó. “Hemos devuelto la libertad al pueblo”.

En lo que solían ser algunas de las zonas más peligrosas del país, las casas abandonadas que le pertenecían a los miembros de las pandillas están siendo remodeladas y reocupadas por nuevos inquilinos. En las calles de Las Margaritas, una colonia en Soyapango, un municipio que solía ser espantosamente violento en el centro del país, los autos ahora pueden estacionarse sin que los dueños tengan que pagar 10 dólares mensuales a los extorsionistas de las pandillas.

Antes de las medidas enérgicas, nadie visitaba el principal mercado al aire libre del municipio sin permiso de los pandilleros, afirmaron los vendedores. Hoy, el mercado es visitado masivamente por cualquiera que quiera estar allí.

Cuando Inglés le decía a las personas dónde vivía —en una calle ciega en Las Margaritas— estas quedaban impactadas.

“Me decían, ‘ay no, ¡vives en Vietnam!’”, recordó Inglés, mientras le servía a un niño jugo de mango en una bolsa en el puesto de jugos que atiende cerca de su casa.

Inglés solía quedarse mirando un grafiti al otro lado de la calle que decía “Ver, oír y callar”, una frase utilizada por la pandilla para intimidar a los residentes para que guardaran silencio sobre sus crímenes.

Inglés afirma que aprendió a mantener un bajo perfil: “Menos cosas veía, menos problemas se metía”. Recientemente, el grafiti fue remplazado por una pintura de un pájaro.

Juan Hernández, de 41 años, no había pisado una cancha de fútbol que queda a pocas cuadras de su casa en 10 años.

“Era un territorio,” afirmó, refiriéndose al territorio de la pandilla. “Los balazos le repartían a la gente”.

Ahora usa la cancha para enseñarle a su hijo de 12 años a jugar. “Ahora cada vez que me dice ‘quiero aprender a jugar’, le digo: ‘Vamos’” afirmó Hernández.

El catalizador de la nueva realidad que  está surgiendo en El Salvador fue un salvaje fin de semana en marzo del año pasado en el que los criminales dejaron más de 80 muertos.

Funcionarios estadounidenses han afirmado que mucho antes de las medidas enérgicas, el gobierno de Bukele había negociado un acuerdo con los líderes de las pandillas para reducir los homicidios a cambio de algunos beneficios como mejores condiciones carcelarias.

Muchos analistas creen que el repunte de la violencia fue señal de una ruptura del supuesto pacto; Bukele ha negado haber realizado dicho acuerdo.

Tras los asesinatos de marzo, la Asamblea Legislativa controlada por el partido oficialista de El Salvador declaró el estado de emergencia. Las fuerzas militares inundaron las zonas controladas por las pandillas en todos los rincones del país, y detuvieron a 13.000 personas en pocas semanas.

Uno de ellos fue el hijo de Morena Guadalupe de Sandoval, quien dice no ha visto ni ha podido comunicarse con él desde que fue arrestado cuando regresaba del trabajo a su casa en la capital hace aproximadamente un año. De Sandoval afirma que las autoridades lo han acusado de ser parte de una organización criminal, algo que ella niega.

Cada tres meses visita el Centro Penal de Izalco donde afirma está recluido su hijo Jonathan González López. En este centro penitenciario al occidente del país se han denunciado actos de tortura. De Sandoval ruega obtener información sobre él. A veces lleva a la esposa y al hijo de 2 años de Jonathan.

Lo máximo que ha escuchado es que sigue encerrado. “Me agarra la depresión”, afirmó De Sandoval. 

En un informe publicado en diciembre, Human Rights Watch y una organización salvadoreña llamada Cristosal entrevistaron a personas detenidas durante el operativo y posteriormente liberadas, quienes describieron los horrores que presenciaron dentro del sistema carcelario del país: golpizas, muertos y raciones dignas de inanición.

Una de esas personas contó que unos guardias habían sumergido su cabeza bajo agua “para que no pudiera respirar”, dice el informe. Otro afirmó que le daban de comer dos tortillas por día, las cuales tuvo que compartir con otro detenido.

De Sandoval afirma que las medidas enérgicas han mejorado la situación en su vecindario, una zona llamada Distrito Italia, que solía estar dominada por el MS-13. Ya no ve a jóvenes fumar marihuana en las esquinas, afirmó.

“Está más seguro. Por una parte, pues yo lo veo bien”, dijo.