La megacárcel de El Salvador recibe a los primeros presos con cuestionamientos sobre DDHH
La prisión es conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo y fue levantada apenas en siete meses, en medio de la controvertida “guerra” contra las pandillas que asumió el presidente Bukele.
El primer grupo de 2.000 presuntos pandilleros de El Salvador fue trasladado a la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele a principios del mes de febrero.
El enorme edificio está en el centro de la autodeclarada guerra contra el crimen de la administración salvadoreña.
Decenas de miles de presuntos pandilleros fueron detenidos en el país después de que se declarase el estado de emergencia debido al aumento de los asesinatos y otros delitos violentos.
La cárcel -llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo- podrá albergar a más de 40.000 personas.
Las imágenes que se difundieron muestran el primer grupo masivo de reclusos, tatuados y descalzos, siendo conducidos a las instalaciones.
De cómo fue construida en un tiempo récord de siete meses se sabe muy poco. Los detalles permanecen en régimen de reserva por el Gobierno. Es decir, que no serán públicos por al menos dos años.
Las autoridades tampoco informaron sobre los costes de la construcción ni de su futuro mantenimiento.
Los que se pudo ver a través de las imágenes es a centenares de presos sentados en el suelo con las manos detrás de la cabeza rapada, apilados muy juntos, antes de ser llevados a sus celdas.
El complejo, construido en una zona rural cerca de Tecoluca, unos 74 kilómetros al sureste de la capital San Salvador, será custodiado por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil, según datos del Gobierno.
Un muro de más de 2 kilómetros con 11 metros de altura y coronado por alambradas electrificadas rodea las instalaciones, haciendo que apenas pueda llegar a verse parte del tejado de los pabellones y alguna de las torres de vigilancia.
Las poblaciones cercanas temen perder sus hogares si en el futuro fuera necesario su desalojo de la zona para ampliar el penal.
El presidente Bukele tuiteó que las primeras 2.000 personas fueron trasladadas "en la madrugada, en un solo operativo" al centro, del que dicen que es la cárcel más grande de América.
"Esta será su nueva casa, donde vivirán durante décadas, todos juntos, sin poder hacer más daño a la población", dijo.
El reclusorio, según el Gobierno, incluye pabellones de confinamiento de reos, sistema de videovigilancia, control de acceso con escáner corporal y de paquetes, cerco eléctrico de 2.1 kilómetros de longitud, celdas de castigo y 19 torres de vigilancia.
La megacárcel consta de ocho edificios. Cada uno tiene 32 celdas de unos 100 metros cuadrados para albergar a "más de 100" prisioneros cada una, que dormirán en camarotes de lámina de hierro sin colchonetas.
Las celdas solo tienen dos lavabos y dos inodoros cada una.
El bloqueo de las comunicaciones telefónicas es una medida que se ha tomado también en otras prisiones de El Salvador para evitar que los reclusos tengan algún tipo de contacto con el exterior, y viceversa.
Estas condiciones han provocado duras críticas de organizaciones de derechos humanos.
El presidente Bukele declaró una "guerra contra las pandillas" en marzo del año pasado, aprobando medidas de emergencia que se han extendido varias veces. Esas medidas fueron controvertidas ya que limitan algunos derechos constitucionales.
Por ejemplo, permiten que las fuerzas de seguridad arresten a sospechosos sin una orden judicial. Más de 64.000 sospechosos han sido arrestados en la campaña contra el crimen.
Las organizaciones de derechos humanos argumentan que personas inocentes se han visto atrapadas por esa política.
Un informe presentado a finales de enero por Human Rights Watch (HRW) revela que se han cometido “abusos a gran escala”, que incluyen hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. “Miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”. El mandatario salvadoreño criticó a las organizaciones de derechos humanos que denuncian estos abusos y a los medios de comunicación, a los que se les acusa de estar del lado de las pandillas.
Además de esto, las medidas antipandillas de Bukele siguen siendo populares entre los salvadoreños y otros países vecino, donde se discute su implementación.
