Revista Así

“Estamos muriendo. No hay vida en nuestro territorio por culpa de la minería”, empieza su testimonio Emiliana Apaza, comunaria del ayllu San Agustín de Puñaca, frente a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta donde hicieron llegar su reclamo por la contaminación severa que sufren y la desatención del Estado boliviano. 

Reunidos mediante una plataforma en línea, los comisionados de la CIDH, miembros del ayllu, responsables del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) y representantes del Estado expusieron su postura frente al caso de “contaminación y afectaciones al derecho al agua por la explotación minera” en el ayllu San Agustín de Puñaca, ubicado en Oruro. 

Esta pequeña comunidad, compuesta por 60 familias, comenzó una Acción Popular en 2021, por los daños que estaba ocasionando la minería en su calidad de vida. Desde aquel año hasta hoy, no tuvieron una respuesta del Estado, lo que los llevó a acudir a esta instancia internacional para obtener ayuda.

“Ya no podemos sembrar, no hay agua ni para tomar. Nuestra vida es muy triste. Queremos una solución. Ya no tenemos vida. Nuestros animales están naciendo con defectos”, asegura Emiliana Apaza, en medio de lágrimas, ante la frustración de verse obligados a dejar el pueblo por la falta de agua. 

Como parte de sus pruebas, mostraron los resultados de la muestra biológica que se hicieron 20 comunarios, de entre 43 y 74 años, en septiembre del año pasado. Los análisis de laboratorio de sangre y orina revelaron que el 100% de los participantes  presenta concentraciones de arsénico, mientras que el 10%, cadmio y el 5%, plomo, con valores que superan los estándares internacionales. En particular, las concentraciones de arsénico oscilan entre 17.6 y 215.64 µg/L, superando el límite establecido por la Unión Europea (UE), que es de 15 µg/L. 

Sergio Vázquez, director de CENDA -institución que acompañó todo el proceso de denuncia- resalta dos puntos de la audiencia llevada a cabo el 8 de julio. El primero es que el ayllu pudo demostrar el grado de contaminación que existe en agua, la tierra y las personas. En segundo lugar, se puso en evidencia la omisión de datos por parte del Estado al momento de analizar las pruebas presentadas por la comunidad, lo que derivó en que concluyera que “no existe contaminación generada por la mano del hombre”. 

“El Estado se escudó diciendo que los informes (propios) no estaban tergiversados e intentaron justificar una contaminación natural, cuando los datos mostraban que no era evidente”, dice Vázquez. 

El tata mallku del ayllu San Agustín de Puñaca, Abel Machaca, comenzó su exposición contando cómo transitan épocas duras como el invierno, en las que el agua se reduce hasta lo mínimo y no pueden tomarla porque está contaminada. Lo mismo ocurre con sus animales, que mueren enfermos producto del alto grado de metales, lo que impide que sirvan para comer.   

La contaminación obligó a muchos de los pobladores a migrar a las ciudades cercanas en busca de mejores oportunidades. “El agua es vida y nosotros no tenemos eso. Pedimos que nos ayuden, que nos escuchen”, menciona Machaca. 

Un punto importante es que no se mencionó, de forma concreta, cuáles serían los planes que tomará el Estado para atender la contaminación que existe en el lugar. “El Estado no tiene ningún plan de remediación para la intervención y mucho menos para la restauración. Adicionalmente, se evidenció que en ninguno de los niveles ha cumplido sus competencias, ni de control, ni de fiscalización, ni de implementación de alguna medida específica en torno a la sentencia constitucional”, explica Vázquez. 

Esta sentencia que menciona el director de CENDA se refiere a la orden del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), en coordinación con el Ministerio de Salud, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Poopó para que lleven a cabo “un estudio sobre la calidad del agua que se suministra al colectivo indígena con la finalidad de constatar si es apta o no para el consumo humano y uso agropecuario, así como para dimensionar su repercusión en la salud de su población…”. 

Es así que, a pesar de las pruebas presentadas, el informe del MMAyA concluyó que “no existe contaminación generada por la mano del hombre”, lo que dio pie a que el Tribunal Departamental de Oruro (que debía cumplir con las acciones pertinentes ordenadas por el Tribunal Constitucional, para rehabilitar el recurso hídrico del ayllu), se ampara en esa conclusión del ministerio, evadiendo su responsabilidad como garante de derechos sin tomar medidas de remediación, y dé por cumplida la Sentencia Constitucional Plurinacional, por resolución el 13 de septiembre de 2023, según un reporte de CENDA.

Por su parte, los comisionados de la CIDH destacaron la serie de denuncias que hizo el ayllu en diferentes oportunidades. Una de estas se dio cuando la CIDH realizó una visita in loco a Bolivia (29 de marzo 2023), donde emitió algunas recomendaciones que no fueron escuchadas por el Estado. 

De la misma manera, el comisionado Estuardo Rolón hizo énfasis en el daño que la contaminación ocasiona en las mujeres, quienes sufren abortos espontáneos y problemas en la gestación, según estudios médicos. 

Asimismo, Rolón cuestionó el proyecto de preinversión en agua potable que planteó el Estado como respuesta al pedido del ayllu, ya que no cuenta con plazos concretos y solo queda en una propuesta.

¿QUÉ DICE EL ESTADO? 

El viceministro de Medioambiente, Diversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Franz Quispe, aseguró durante la audiencia que el Estado dio cumplimiento a la sentencia constitucional ya que hicieron los estudios correspondientes, pero que estos mostraron que la contaminación que presenta el ayllu no tiene relación con las empresas mineras, sino que se trata de una condición natural del lugar. 

Esto no piensa Abel Machaca, que vive todos los días los estragos que ocasiona la minería en su comunidad. 

“Para ellos, parecería que es normal la contaminación, es normal que mueran nuestros animales, es normal que nosotros estemos enfermos”, dice. 

Como parte de sus reclamos, pide planes para enfrentar la contaminación y lograr la mitigación de los efectos secundarios. Además, atención médica para las personas que están mal de salud.

Luego de la audiencia, ahora la CIDH evaluará todas las pruebas presentadas. El ayllu ya envió los documentos solicitados; sin embargo, el Estado  no lo hizo, pero debe remitirlos a la brevedad. 

Vázquez estima que en un mes se podrá conocer las recomendaciones. En caso de que estos no sean escuchados se procederá a remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia superior a la Comisión. 

Pese a la dificultad que enfrenta el ayllu, algo que destaca Vázquez es que este caso se constituye en precedente y ejemplo para otras poblaciones que pasan por la misma situación. Sostiene que es difícil llegar a instancias internacionales y que, muchas veces, las denuncias se quedan solo en el espectro nacional. 

“Esto sirve para que las comunidades que se sienten afectadas en sus derechos puedan acudir ante la instancia internacional porque el Estado sigue dependiendo de ayudas internacionales”, afirma Vázquez. 

Desde que se dio a conocer su caso, el ayllu San Agustín de Puñaca atravesó una serie de pruebas para lograr ser escuchado. Mientras aún esperan la respuesta de la CIDH y alguna acción del Estado boliviano, los comunarios siguen consumiendo las aguas contaminadas. 

“En el futuro, ¿dónde van a vivir nuestros hijos? Ya no sirven nuestros terrenos y nuestra agua. Estamos muriendo lentamente”, sentencia una de las comunarias.