Revista Así

Ex Senadora y actual Diputada nacional por el Departamento de La Paz. Gestión legislativa centrada en sostenibilidad del desarrollo, transiciones y protección de la naturaleza. Parte activa de redes parlamentarias internacionales y autora de investigaciones en esas materias. Máster en Gestión y Políticas Públicas y graduada de la Academia Diplomática Boliviana.

 

1.- Gonzalo Lema (GL): El escritor mexicano Carlos Fuentes, en su libro “El espejo enterrado”, rememora ese tiempo en que América estuvo despoblada de humanos. A continuación, narra la vida de los bosques y praderas, de los ríos y lagos, del cielo, de la flora y la fauna bajo su propio dominio, y genera imágenes tan hermosas como tristes a la luz de los ojos actuales. Qué desastre es la vida de la naturaleza bajo el dominio del hombre, ¿verdad?

 

Cecilia Requena (CR): 

 

Sí. Reconociendo abismales diferencias en las responsabilidades entre, por ejemplo, pueblos indígenas amazónicos y sociedades urbanas contemporáneas, es evidente que los seres humanos venimos destruyendo la trama de la vida, es decir, la naturaleza, pese a tratarse de nada menos que la base que nos sostiene y nos constituye, y de la que somos radicalmente interdependientes. ¡Menudo extravío el de nuestra especie! 

 

A estas alturas del siglo XXI, hay abundante y creciente evidencia accesible al sentido común, así como científica-multidisciplinaria para afrontar la dramática realidad del desastre ecológico global que se encuentra en pleno despliegue y aceleración. El desequilibrio climático como nueva normalidad; la destrucción ampliada de ecosistemas y ecoregiones enteras; la significativa contaminación de agua, aire, suelos, alimentos en gran parte del planeta; la acidificación y calentamiento de océanos, son algunas de las expresiones del monumental desafío, literalmente existencial, que afrontamos. Los nueve límites planetarios desarrollados por el Instituto de Estocolmo están entre las mejores herramientas para comprender lo anotado. Todos estos procesos están directamente conectados con diversas dimensiones de la salud, seguridad y bienestar humanos.

 

Que esta deriva de autodestrucción se haya convertido en una dinámica global, sistemática, hegemónica, y difícil de ser detenida o revertida, pese a sus consecuencias conocidas y anunciadas, nos remite, no sólo a las antiguas cuestiones éticas de la condición humana (abordadas, por ejemplo, en la Épica de Gilgamesh), sino a cuestionamientos sobre nuestras limitaciones y posibilidades cognitivas/biológicas para aprehender las claves esenciales de la totalidad de la que somos parte.

 

La historia de la humanidad incluye innegables y relevantes avances. Sin embargo, el resultado agregado del sistema socio-cultural y económico, que domina las dinámicas globales y buena parte de sus desarrollos tecnológicos chocan frontalmente y violentan los límites bio-físicos del planeta, destruyendo sus ecosistemas. 

 

Esta deriva suicida no es, obviamente, inevitable. En principio, nada definitivo e insuperable, nos impide evitar el colapso y habitar este planeta inteligentemente, en el marco de esas mismas condiciones bio-físicas, que implican incontables oportunidades para la abundancia y el bienestar a partir de la inteligencia, la creatividad, la innovación, sólidamente enraizadas en la vieja sabiduría de valores como responsabilidad, cooperación, respeto por los otros seres, para no hablar de sentido de autoconservación. 

 

En la medida en que haya mañana, quedan posibilidades abiertas de reforzar existentes dinámicas de sostenibilidad y regeneración para lograr cambios antes de que se ocurran hechos o se desaten procesos con consecuencias irreversibles que ya no podremos controlar ni evitar. Es el caso de los puntos de quiebre (tipping points) que actualmente amenazan la Amazonia, los océanos o la estabilidad climática, entre otros procesos naturales. Por eso mismo, debemos aprovechar, con sentido de urgencia, saberes, experiencias, avances tecnológicos, conciencia social, voluntad política, distintiva capacidad humana de cooperar, organizarnos para las transiciones como la energética y la productiva.

2.- GL: Está muy vinculado el desastre ambiental con la superpoblación de nuestra especie. Para colmo, acostumbramos producir el doble, triple o más de lo que necesitamos. Sin embargo, debido a varios factores, resulta que ha comenzado una merma demográfica. La China, como ejemplo, ahora es el segundo país más poblado del mundo. ¿Qué piensas acerca de los volúmenes de población?

 

CR: 

La población es un factor importante, pero interactúa con muchos otros que, dependiendo de las condiciones específicas, resultan adquiriendo pesos relativos más o menos determinantes. 

Globalmente, es un factor clave, aunque menos determinante que el modelo de producción insostenible y su correlato: el hiperconsumo. 

Ya sabemos que no es viable, por insostenible, la actual práctica cotidiana de parte de la población con mayores ingresos del planeta, dedicada al hiperconsumo y al desecho de bienes materiales, en procesos que generan contaminación, desechos no biodegradables, a menudo tóxicos para los ecosistemas y para la salud humana, y que, vía extractivismo, devastan regiones enteras, particularmente del sur del planeta, creando zonas de sacrificio, violencias múltiples y sistemática violación de derechos humanos, individuales y colectivos. Es el caso de la explotación de oro en la Cuenca Amazónica.

Como señala el Panel Internacional de Recursos de Naciones Unidas (UNEP, 2022), el 10% más rico del planeta es responsable de más de la mitad de las emisiones y del uso desmedido de recursos naturales.

Los países más ricos, desarrollados o industrializados, y sus enclaves en el sur sirven, por ahora, de modelo, o patrón, y aspiración para buena parte del mundo alentados por una visión que termina naturalizando el desarrollo en beneficio de minorías, a costa del descalabro ambiental para las mayorías y, en el tiempo, la inviabilidad sistémica para todos. 

En Bolivia, la presión demográfica no es una cuestión principal. En casos específicos, debido al incumplimiento de deberes del Estado con respecto a normas ambientales, hay concentraciones poblacionales que terminan afectando significativamente a su entorno. Es el caso de la contaminación antrópica (causada por seres humanos) de cursos de agua, como la Bahía de Cohana del Lago Titicaca, o la deforestación de bosques y su conversión para fines agropecuarios, pese a no tener suelos con vocación exclusivamente forestal. El problema crítico no es la población, sino las condiciones en que ésta habita ciertas zonas del país.

Por tanto, no se trata principalmente de cuántos somos, sino de cómo vivimos. 

 

3.- GL: La historia del deterioro ambiental en nuestro territorio comienza en la Colonia, ¿verdad?, porque debemos reconocer que las culturas indígenas tenían una excelente comprensión del manejo de la naturaleza. ¿Existe algún estudio en contrario? ¿Alguien afirma que el mundo pre colombino practicó agresiones al medio ambiente?

 

CR: 

Hay estudios que muestran que también las civilizaciones precolombinas tuvieron impactos ecológicos significativos, aunque incomparablemente menores a los actuales. Franz Broswimmer (2005) apunta a la extinción de la megafauna del subcontinente como consecuencia directa de la caza de los primeros pobladores. Jared Diamond (2005) cita los casos de la Isla de Pascua y la civilización Maya, casos en los que el uso excesivo de recursos habría llevado a crisis sociales y ambientales. Son hipótesis defendidas a partir de las evidencias disponibles, aunque sujetas a debate, como es normal en el ámbito científico. 

 

En todo caso, estas probabilidades deben leerse como advertencias sobre los límites del crecimiento; no como condenas universales.

 

Hay, al mismo tiempo, evidencias de que los Andes y en los Llanos de Moxos, por ejemplo, se desarrollaron sistemas de manejo del agua y suelo altamente sofisticados, a partir de conocimiento ecológico ancestral. 

 

La Colonia implicó un punto de inflexión en el deterioro ambiental ampliado, que persiste hasta el presente: se trata del patrón extractivista (PNUD), que implica la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales no renovables, con grandes impactos socioambientales, principalmente orientados a la exportación de estos recursos hacia mercados internacionales de commodities, con bajo o nulo valor (Gudynas).

 

El devastador patrón extractivista, implica una nefasta relación de dependencia de la periferia con los centros de poder económico global que fragiliza la economía, impidiendo su diversificación, así como el sistema político, ante la dependencia, y que no genera bienes sociales como empleos dignos y estables.

 

Una de las peores facetas del extractivismo, es la de su enraizamiento en la mentalidad, la visión de país y la cultura política. Por ahora, son mayoría quienes lo defienden como el único y necesario desarrollo para el país. Nuestra tarea política y ética es romper esa continuidad histórica y construir una relación no depredadora con la naturaleza. No será posible sin superar el extractivismo, entre otros.

 

4.- GL: ¿Cuál es la situación de aquellas minas explotadas en la Colonia? El boliviano actual requiere saberlo. Pensamos mucho en el Cerro Rico que, de a poco, va perdiendo su forma. ¿Y las otras minas? ¿Alguna contamina desde entonces?

 

CR:

El Cerro Rico de Potosí es el símbolo más elocuente del extractivismo colonial, pero no el único. Desde entonces, muchas minas —de plata, estaño, oro, antimonio y otros minerales— han dejado pasivos ambientales que siguen activos hasta hoy. Estudios del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB, 2019) demuestran que la contaminación de aguas y suelos por metales pesados persiste en regiones mineras como Oruro, La Paz y Cochabamba.

 

El problema es estructural: el Estado boliviano nunca asumió plenamente su responsabilidad en la remediación ambiental. De hecho, no existe un inventario nacional actualizado de pasivos ambientales. Una norma destinada a reducir y hasta eliminar el uso del mercurio en la minería en Bolivia, recientemente aprobada en el Senado, incluye una disposición en este sentido, misma que tendría que ser sancionada también por la Cámara de Diputados para, luego, ser promulgada por el presidente. Es asombrosa la precariedad normativa e institucional, que permite la contaminación minera ampliada e impune en el país, tanto histórica, como actualmente.

 

Aún se permite el vertido de relaves mineros a ríos que abastecen comunidades. Lo que ocurre en Huanuni, Atocha o en las cuencas del Pilcomayo y Amazónica son prueba de la continuidad de un modelo que sacrifica poblaciones y territorios por rentas cortoplacistas. Esa es la gran deuda ecológica y moral del país. No hay vida ni justicia sin reparación ambiental. 

El Cerro Rico no solo se desmorona físicamente: es el espejo de un país que no encuentra la claridad para reforzar, en transiciones bien pensadas, las múltiples opciones postextractivistas que posee, muchas de las cuales ya prosperan, pese a todo.

 

5.- GL: ¿Qué pasaba, durante la larga Colonia, con nuestros bosques y ríos en el Chaco y en la Amazonía? ¿Cómo intervino el colonizador en los llanos? Por ejemplo: ¿utilizaba la quema preparando terrenos para la agricultura y ganadería? ¿Cómo abonaba la tierra?

 

CR:

Durante la Colonia, la Amazonía y el Chaco fueron entendidos como territorios “vacíos”, disponibles para la expansión económica y religiosa. 

 

Que yo sepa, es mucho lo que queda por investigar sobre prácticas ancestrales de los pueblos precolombinos de ambas regiones. A partir de consultas con especialistas, en el marco de procesos de socialización de un proyecto de ley para proteger bosques y otros ecosistemas, hemos comprendido que el uso controlado del fuego fue, de diferentes modos, práctica ancestral en las ecoregiones señaladas. Particularmente, en las pampas el fuego ha formado parte de las dinámicas naturales. Pronto dispondremos de conocimiento adicional actualizado sobre los llanos de Moxos, sus avanzados sistemas de gestión hídrica, entre otros.

 

La técnica de roza y quema parece ser también ancestral, sin excluir otras. Sin embargo, las peores consecuencias, como incendios extendidos, parecen haber sido evitadas gracias a conocimiento ancestral agregado de prácticas sostenibles, a la mayor resiliencia de los ecosistemas, más saludables, al estar menos intervenidos y afectados, y a una presión poblacional significativamente menor. 

 

La alteración y degradación de los ecosistemas, como parte del creciente proceso de ocupación, se intensificaron durante la República. La ampliación mecanizada de la frontera agropecuaria, como política estatal prioritaria comenzó con el Plan Bohan, a mediados de siglo y continuó, en los años 90, con el proyecto Tierras Bajas del Este, financiado por Banco Mundial. La práctica de desmontar y quemar bosques para “limpiar” la tierra persiste hoy, agravada por políticas que incentivan la expansión agrícola y ganadera (PNUMA, 2023). 

 

Las cifras de pérdida de bosques y de otros ecosistemas, así como de incendios forestales (fenómeno de este siglo), pastizales, entre otros, que últimamente nos colocan en el podio mundial de los peores países, tiene relación directa con este sector. 

 

Pero, ni siquiera es la producción adicional de alimentos la que está detrás del desmonte, a menudo ilegal, sino la ganancia a través de especulación de la tierra (Fundación Tierra). Es varias veces más alto el precio de la tierra desmontada que la tierra con el bosque en pie. Así de delirante es el comportamiento del mercado en este ámbito: el precio da la señal opuesta al valor incalculable del bosque, o de otros ecosistemas saludables, llenos de vida y proveedores o protectores de fuentes de agua.

 

Lamentablemente, en Bolivia aún son excepcionales los sistemas y prácticas sostenibles y hasta regenerativos, como los sistemas agroforestales de los municipios paceños de Alto Beni y Palos Blancos, que exportan café y cacao a mercados internacionales que las premian con altos precios, generando ingresos dignos y fortaleciendo el tejido social local. Producen una gran variedad de otros productos para consumo local y nacional. Las políticas públicas los ignoran o los perjudican, alentando los monocultivos de exportación que avanzan a costa de ecosistemas críticos para los equilibrios ecológicos del país: bosques, humedales, entre otros. ¿Hasta cuándo cometerá el Estado semejante error estratégico?  

 

6.- GL: La república continúa enfáticamente todo lo iniciado en la Colonia. El inicial despojo colonial de la tierra a los indígenas, se extrema y convierte en desvinculación de los ayllus de su territorio con intención republicana de convertirlos en propietarios individuales (año 1874, Frías). ¿Qué beneficios destaca la restitución de sus territorialidades a las comunidades indígenas? Si no son los indígenas, ¿quién cuida la riqueza de las reservas naturales?

 

CR:

La restitución territorial es esencial no solo por justicia histórica, sino porque los territorios indígenas son barreras efectivas contra la deforestación y muchas otras formas de destrucción de ecosistemas. 

 

Numerosos estudios (FAO, 2021; IPBES, 2019) demuestran que las áreas bajo gestión indígena conservan mejor los ecosistemas y la biodiversidad que las administradas por el Estado o el mercado.

 

En general, los pueblos originarios mantienen una cosmovisión que no separa a la humanidad de la naturaleza; en ella radica una sabiduría que el mundo moderno necesita recuperar. La propiedad colectiva del territorio facilita decisiones marcadas por la noción de Bien Común, frente a las presiones extractivas y especulativas.

 

Por eso defender la autonomía indígena es defender la vida. Si se despoja a estas comunidades, el país pierde sus guardianes más antiguos y eficaces de la riqueza natural. 

 

No se trata, empero, de ignorar amenazas graves y reales, como la minería ilegal, el narcotráfico, sin perjuicio de lo anteriormente señalado. Es importante reconocer que hay amenazas que crecen en áreas frontera, o en áreas afectadas por el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros. Por tanto, la protección estatal debida, mutuamente acordada y culturalmente pertinente debe estar disponible en caso de necesidad.

 

Al mismo tiempo, los territorios indígenas que han sido categorizados como áreas protegidas, han demostrado la complementación posible en beneficio de los pobladores locales y de todo el país. 

 

El futuro sostenible de Bolivia depende de la justicia territorial.

 

7.- GL: La minería del oro, que no entendemos quién realmente explota, está haciendo estragos en la cuenca amazónica. La débil institucionalidad estatal, sumada a la ilegalidad, genera esta realidad de desastre ecológico y humano para sus habitantes. ¿Por qué el Estado no reacciona? ¿Qué piensan nuestros parlamentarios? ¿No existe reacción del gobierno?

 

CR:

El Estado no reacciona porque está capturado por intereses económicos y políticos ligados al oro ilegal, legal descontrolado y al extractivismo en general. Existe un pacto de silencio, complicidad e impunidad entre poder y este sector. El propio Ministerio de Medio Ambiente alega la falta de capacidad de control para explicar su permisividad sistemática. En la Asamblea Legislativa, la mayoría oficialista prefiere no tocar el tema por conveniencia política, aunque, desde la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, hemos logrado impedir la legalización de contratos mineros que violaban las normas de consulta previa y las ambientales.

 

En la cuenca amazónica, la minería aurífera destruye cada día y sin descanso bosques, cursos de agua. Es un daño irreversible e impagable, aunque el Estado apenas reconoce y evita dimensionar el problema con cifras oficiales. Los datos de los que disponemos provienen de ONG, como el CEDIB; y Universidades públicas. 

 

Pese a ser suscriptores del Convenio de Minamata, esta minería contamina con mercurio cuencas enteras, envenenando a pueblos indígenas, como los Tacana, Mosetén y Esse Ejja, a través de la ingesta tradicional de pescado, que afecta más duramente a niños por nacer. Se trata de un etnocidio, imperdonable porque, además, es perfectamente evitable. Se lo puede reciclar de modo simple y accesible, implicando un ahorro. Y, no se requiere mercurio para extraer el oro de las tierras amazónicas. Hay alternativas que son más eficientes. Es un crimen colectivo y consentido por desidia y otras razones inconfesables.

 

Esta minería, inviabiliza a pueblos enteros, que, como Guanay y Tipuani, ya consideran ser trasladados, convirtiendo a sus pobladores en desplazados por la propia minería que muchos practican.

 

La minería, falsamente presentada como cooperativista (porque incumple principios fundamentales del cooperativismo) consigue, bajo ese paraguas, privilegios inaceptables desde el punto de vista del Bien Común: queda liberada del pago de todos los impuestos, bajo el supuesto de que es de pequeña escala, o artesanal, y que opera en yacimientos marginales. Paga, cuando no contrabandea el oro, una miserable regalía que ronda el 2% de un negocio millonario. Queda exenta del cumplimiento de normas laborales, lo que le permite la explotación ampliada de peones. Incumple las normas ambientales y de consulta previa. Y destruye sitios con potencial para alternativas postextractivistas como el turismo sostenible de base comunitaria en una de las regiones más bellas y biodiversas del planeta.

 

Las salidas implican alternativas de ingresos, como el turismo sostenible capaz de acoger a cantidades significativas para el sector, y cumplimiento de normas. También implican coordinación y cooperación regional-amazónica, a través del Tratado de Cooperación Amazónica y sus órganos, así como cooperación internacional para reducir significativamente el mercado internacional para oro carente de condiciones de trazabilidad, que dan cuenta de respeto de normas, entre otros.

 

Sin voluntad política y coraje, la Amazonía no podrá resistir el flanco adicional de la devastadora minería del oro, articulada, además, a economías criminales transnacionales que ponen en riesgo la seguridad de la región.

 

9.- GL: ¿Qué otras regiones del país están criminalmente agredidas?

 

CR: Todas las zonas fronterizas que albergan riqueza natural aprovechable, incluyendo el sud-oeste de Potosí. Estas mismas zonas son muy vulnerables a economías criminales.

Las tres cuencas de Bolivia están sufriendo la contaminación minera. Las tierras bajas del país están siendo agredidas por los incendios, la deforestación y otros cambios de uso de suelos, así como por la contaminación de suelos, agua y aire (estacional) por cenizas, agroquímicos y otras consecuencias del agro insostenible. También por el tráfico de fauna y la pesca y caza ilegal. 

Las zonas altas y valles sufren las consecuencias de la pérdida de suelos fértiles y el stress hídrico crónico.

Ni las zonas de máxima protección de las áreas protegidas se libran de los cultivos de coca, minería, explotación de hidrocarburos. 

La gestión ambiental en el país debe ser retomada y reforzada y alineada con un desarrollo que regenere ecosistemas y proteja los que aún se encuentran en buen estado. Tenemos ejemplos como Costa Rica que prueban que es posible vivir bien a partir de la conservación de la naturaleza, como factor de generación de ingresos sostenibles. 

 

10.- GL: Está visto que los bolivianos debemos reaccionar pronto contra esta múltiple práctica anti ecológica. Si bien se advierte una conciencia creciente y positiva en buena parte de la población, no se corresponde con la acción permisiva del Estado y sus instituciones. Pregunto si debemos elaborar un nuevo marco legal más punitivo contra los contraventores. ¿Qué piensas al respecto?

 

CR:

 

Aumentar penas no es la solución más efectiva, por razones como la debilidad del sistema de justicia boliviano, del sistema carcelario, las propias limitaciones de ese tipo de medidas para disuadir a potenciales infractores, los costos en recursos públicos, en fin… Puede ser una medida complementaria, pero las medidas principales deben concentrarse en generar incentivos, en desactivar los incentivos perversos, vía políticas públicas y normas muy bien pensadas. En promover y apoyar las transiciones postextractivistas, sostenibles y regenerativas existentes y las que pueden nacer. En este momento la transición energética y la productiva en el sector del agro son prioritarias. Las iniciativas industriales de economía circular, como Mamut, y las de electromovilidad como Quantum son notables faros y ejemplos. En transparentar la información, facilitar su acceso y la rendición de cuentas de autoridades. En espacios de participación ciudadana, especialmente la local. En la educación formal y no formal. 

 

Un nuevo marco legal debe reforzar la protección de los bienes comunes y penalizar los delitos ecológicos graves, pero sin voluntad política y conciencia ciudadana seguirá siendo letra muerta.

 

Más que castigar, debemos reaprender a convivir con la naturaleza. Como en otras, en materia ambiental, la ciudadanía consciente es vanguardia. 

Pese a todo, Bolivia sigue teniendo condiciones para un desarrollo con ingresos, de base ancha, capaces de sostenerse y reforzarse en el tiempo; que no sacrifique lo indispensable por las ganancias que ni pagan impuestos y nos dejan costos impagables, que destruyen la seguridad, en sentido amplio, del país y su gente.

 

Para afrontar los desafíos del siglo XXI, necesitamos una visión de país distinta, renovada, inteligente y, por tanto, viable/sostenible. Las inercias existentes prometen la reiteración del fracaso. No hay opción, urge el cambio de rumbo. Hay quienes ya han iniciado el camino, desde hace rato, aportando desde sus respectivos espacios. Me parece una gran manera de ocupar, al menos en parte, nuestro valioso tiempo.