Bolivia eligió por tercera vez a sus jueces entre luces y sombras
Tras una jornada, en la que el presidente del Tribunal Supremo Electoral observó "una alta participación" de la ciudadanía, el país ya cuenta con sus nuevos magistrados.
Bolivia celebró este 2024 su tercera elección judicial, en un ambiente marcado por las tensiones políticas y la controversia.
Durante la jornada del 15 de diciembre, más de 7.3 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para decidir a los titulares y suplentes de 38 cargos clave en las altas cortes del país, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.
Los comicios se efectuaron de forma completa tan solo en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, mientras que en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz no se votó por los candidatos al TCP, asimismo en Beni y Pando tampoco se elegieron a los magistrados del TSJ.
En un balance, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Oscar Hassenteufel, afirmó que hubo "una alta participación" de la ciudadanía.
"Esta elección judicial es mucho más compleja, porque además del escenario político, social y económico que afecta a todas las familias bolivianas, se hizo patente la presencia de intereses diversos que atentaron contra el normal desarrollo del proceso electoral", dijo Hassenteufel.
El proceso debió desarrollarse en 2023, pero se postergó varias veces. Todos los magistrados actuales tienen sus mandatos vencidos. Además la justicia constitucional suspendió el sufragio en varias zonas del país ante las impugnaciones de algunos candidatos rechazados en la preselección.
"El resultado es que la elección se realiza con un año de retraso y de manera incompleta", agregó Hassenteufel.
En esta ocasión, el proceso contó con la observación de misiones internacionales enviadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el Parlamento del Mercosur, entre otros.
Por primera vez en unas elecciones judiciales, los votos válidos superaron a los nulos y blancos, según confirmó Francisco Vargas, vicepresidente del TSE, en su cuenta de redes sociales. En un mensaje publicado el 20 de diciembre, Vargas señaló que este hecho “aporta legitimidad al proceso electoral y a sus candidatos y candidatas”. Según los datos oficiales, los votos válidos alcanzaron el 63% en términos globales, marcando una reducción significativa frente al 57% y 65% de votos blancos y nulos registrados en 2011 y 2017, respectivamente. Este cambio refleja una disminución en la apatía ciudadana, a pesar de una fuerte contracampaña y de los retrasos.
La participación alcanzó un notable 82%, aunque según encuestas previas, gran parte de los ciudadanos acudió a las urnas no por convicción democrática, sino por la necesidad de obtener el certificado de sufragio requerido para trámites administrativos y bancarios.
RESULTADOS
En total, se eligieron a 19 nuevas autoridades de justicia, mientras que los restantes siete magistrados -en total son 26 jueces- son los denominados "autoprorrogados" que permanecerán en funciones hasta las elecciones complementarias, tras la decisión constitucional que declaró desierta la convocatoria en algunas regiones.
Hassenteufel dio por concluido el proceso y anunció que desde enero, cuando se posesionen los magistrados, el Tribunal Supremo Electoral encarará la preparación de los comicios presidenciales previstos para el 10 de agosto de 2025.
TENSIONES
Estas elecciones también estuvieron rodeadas de tensiones políticas, debido al pulso entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.
Arce defendió el proceso, calificándolo como un "hito en la democracia", y destacó la importancia de las elecciones durante su voto en La Paz
Sin embargo, Morales quien participó en las elecciones, declaró que votó como parte de su "deber" ciudadano, pero calificó el proceso de "ilegal" e "inconstitucional" debido a la extensión de los mandatos de los magistrados actuales.
El papel de los autoprorrogados
A finales de 2023, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidieron prorrogar sus mandatos para evitar un "vacío de poder" hasta la celebración de nuevas elecciones judiciales.
La decisión, generó una fuerte reacción por parte de los seguidores de Morales, quienes organizaron un bloqueo de caminos de 11 días exigiendo la renuncia de los jueces "autoprorrogados".
Uno de los fallos controversiales de dos "autoprorrogados" del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), René Espada y Gonzalo Hurtado, estableció que las autoridades electas en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial tienen “el ejercicio de su periodo de mandato, únicamente por dos periodos, sean estos continuos o discontinuos sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato”.
Su determinación fue una aclaración a otra sentencia emitida por el mismo Constitucional en diciembre de 2023 que estableció que en Bolivia el presidente y vicepresidente solo pueden ser elegidos y ejercer su mandato por dos periodos, ya sean continuos o discontinuos, y que la reelección indefinida no existe y “no es un derecho humano”.
Esto afectó a las intenciones de Evo Morales de ser candidato a la Presidencia nuevamente, pues ya gobernó Bolivia en tres ocasiones de forma continua.
El líder oficialista sostuvo que la nueva sentencia fue emitida por magistrados “autoprorrogados” cuyos actos “son nulos de pleno derecho”, lo que suma otro “argumento jurídico” que ratifica su habilitación como candidato.
