Bolivia ardió cinco meses y se quemaron más de 10 millones de hectáreas
“El 2024 quedará en la memoria de los bolivianos como el año del peor desastre ambiental ocurrido en nuestra historia nacional”, afirmó el investigador de Fundación Tierra Gonzalo Colque al portal estadounidense Mongabay.
Esta gestión, más cifras apoyaron su evaluación.
Según un reporte de dicha fundación, el fuego devastó más de 10 millones de hectáreas. “Lo que representa un daño significativamente mayor al de hace cinco años, cuando se calcinaron 5.3 millones”, indicaba, añadiendo que el aumento de 4.8 millones equivale a un 90% en comparación con el anterior registro, de 2019.
Casi siete millones de las hectáreas quemadas corresponden solo al departamento de Santa Cruz y casi tres millones a Beni. Los municipios más afectados fueron San Matías, San Ignacio de Velasco, Concepción y Urubichá.
El informe también contabilizó 742.403 focos de calor -un aumento del 97% en relación al 2019- que arrasaron principalmente bosques y áreas agrícolas, cuya biodiversidad podría tardar décadas, quizás siglos, en recuperarse.
Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), desde el inicio de los incendios, se rescataron 810 animales silvestres entre mamíferos, reptiles y aves; 39 murieron.
El director de Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, pronosticó que hasta este fin de año, la “peor desgracia ambiental que vivió Bolivia” podría alcanzar los 13 millones de hectáreas.
CRÓNICA DE UN DESASTRE
Si bien los focos de calor se manifestaron, prácticamente, a lo largo de todo el 2024, escalaron preocupantemente desde el mes de mayo; con julio marcando el comienzo de la peor etapa.
El primer municipio en declarar desastre fue Roboré; le siguió San Ramón. Ambos en Beni.
El fuego avanzó a Santa Cruz, que emitiría un decreto de emergencia departamental el 25 de julio.
El Gobierno nacional respondió movilizando a más de mil bomberos forestales.
Como recordó a Mongabay la investigadora de la filial boliviana de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) Marlene Quintanilla, agosto registró cerca de 25 mil focos de calor en la Amazonía boliviana.
La situación solo empeoraría en septiembre, con más de 45 mil focos de calor.
Ante la propagación de las partículas de humo hacia departamentos vecinos -Cochabamba registró niveles de contaminación tales que se suspendieron los festejos por su aniversario y las clases presenciales- el 7 de septiembre, el Ministerio de Salud y Deportes emitió Alerta Sanitaria a nivel nacional.
Al día siguiente, el presidente Luis Arce declaró Emergencia Nacional por incendios forestales, lo que permitió coordinar acciones con otros países y organismos internacionales para enfrentar el avance del fuego, elevando requerimientos de aeronaves, bomberos expertos, equipamiento y ayuda humanitaria.
Después de semanas de bomberos y voluntarios pobremente equipados tratando de mitigar el fuego, finalmente el Ejército intervendría. El primer despliegue contó con más de 2 mil efectivos, a los que posteriormente se sumaron 1.760.
El 11 de septiembre, Arce anunció la decisión de implementar una pausa ambiental sin tiempo determinado, que prohibió cualquier quema en el territorio nacional. Esta medida generó dudas que aún no han sido resueltas.
Para octubre, mientras el fuego empezaba a ceder, muy lentamente, la ciudadanía esperaba explicaciones. ¿Cómo se llegó a este punto?
RESPONSABILIDADES
Mientras Arce convocaba a las fuerzas del orden a detener a los culpables, a la Fiscalía a establecer castigos ejemplares y a la población a expresar su rechazo contra la quema, investigadores, analistas y políticos ofrecían sus interpretaciones.
La senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, señaló a las políticas públicas impulsadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) para aumentar la frontera agropecuaria. “Se insiste en que eso es desarrollo. Lo mismo sucede con la venta de carne a China. Esos desarrollos se hacen a costa del bosque”.
Mongabay insistía en las leyes incendiarias aprobadas durante el gobierno de Evo Morales, “un conjunto de seis leyes y dos decretos supremos, más dos resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que avivan las quemas sin que haya sanciones, o al menos sanciones duras”.
Gonzalo Colque, de Fundación Tierra, apuntó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la ABT por incrementar las autorizaciones de quemas y de facilitar los desmontes.
Consultado por Mongabay, Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), culpó a “la incapacidad de prevención o la inacción en mitigarlos” del Gobierno, a tiempo de calificar sus medidas de “tardías”.
