Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 24 de septiembre de 2021
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Crónica de la desinstitucionalización de las culturas en la Alcaldía de Cochabamba

Un repaso a la crisis e ineficiencia que viene sufriendo esta cartera del municipio hace al menos seis años. 
Crónica de la desinstitucionalización de las culturas en la Alcaldía de Cochabamba

Que la gestión cultural en el municipio de Cochabamba es ineficiente es un hecho popularmente conocido. Si bien los dos últimos funcionarios a la cabeza han tenido al menos una relación más estrecha con el sector, no se puede justificar la destitución, hasta ahora sin presentar argumentos razonables, de una de ellas a menos de dos meses de asumir el cargo; peor aún, la reducción de lo que una vez fue una oficina desconcentrada a una dirección de Cultura que debe compartir cartera. Un devenir que se viene sufriendo hace al menos seis años.

En 2009, gracias a un fuerte impulso desde la ciudadanía que se materializó en el Foro Cultural, se decretó la Ordenanza Municipal 3900 que permitió la creación de la Oficialía Mayor de Cultura en la breve gestión de Max Munkcel, separándola de la Oficialía de Desarrollo Humano y Deportes. La normativa resolvía además una administración desconcentrada, percibir el 2% del presupuesto municipal total y un organigrama propio e independiente. Para la gestora cultural y portavoz del Movimiento Cultural Cochabamba (MCC), Claudia Pacheco, significó un “atisbo” de lo que pudo haber sido “un modelo de gestión cultural pública”.

En 2014, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales provocó el cambio de denominación de “oficialías” a “secretarias” en todo el país. Haciendo un rastreo a los procesos administrativos y con los datos proporcionados por Marco Antonio Marín, miembro de la red Telartes y quien fue entonces parte de la Oficialía de Culturas, se puede constatar que se mantuvo la desconcentración administrativa, teniendo las dependencias de la entonces Secretaría de Cultura un propio departamento administrativo-financiero. 

Sin embargo, con el tiempo la 3900 fue sistemáticamente ignorada. “La voluntad de poder se impuso al estado de derecho y la transición política ha ido desbaratándola hasta el momento actual de desconocerla por completo”, lamenta Marín. Con la llegada del partido Demócratas (2015) a la Alcaldía, la secretaría de Cultura vuelve al Ejecutivo y desde 2016, pasa a depender de la Secretaría de Finanzas para su gestión contable y financiera.

Lo que viene después es una seguidilla de autoridades poco idóneas y sin ningún oficio ni bases sólidas para el sector al que han sido llamados a proteger. Mientras que en la Secretaría de Culturas de La Paz hubo una sola autoridad en cinco años con Andrés Zarratti (2015-2020), en Cochabamba tuvimos ocho en seis años, con algunos que protagonizaron sendas polémicas. Como la acusación de gastar dos millones de bolivianos en una serenata en el aniversario de Cochabamba a Ninoska Lazarte (quien ocupó el cargo de 2015 a 2017), además de ejercer su cargo sin título de provisión nacional o el escándalo de los incumplimientos de pagos y retraso de desembolso de hasta ocho meses en algunos ganadores de los concursos municipales, con los que tuvo que lidiar Roxana Nery (2017-2019).

“Ocupaban el puesto como pago de alguna deuda política”, comenta Pacheco. A estas polémicas designaciones de autoridades habría que añadirle la progresiva reducción del presupuesto que fue de 22 millones en 2014 a los 5 que se manejan este año. 

Lo cierto es que todas estas autoridades poco supieron sobre qué hacer sin un cuerpo legislativo, un plan estratégico que establezca lineamientos para los programas, proyectos y actividades. Uno de esos ocho secretarios/directores que tuvo el municipio en estos últimos seis años, Juan José Ayaviri, quien ocupó el cargo de manera interina en mayo de 2020, indicó que en los cinco años que trabajaba en la cartera “nunca se tuvo un horizonte claro sobre qué es lo que se tenía que hacer”.

“En los cinco años que estoy observé que la institución solo presta servicios y alquila servicios artísticos, alquila teatros, salones de exposición, tiene 16 bibliotecas zonas, hemeroteca, pero no hace políticas municipales, no tiene una ley de culturas para que se reoriente el trabajo y comience a generar políticas a favor de los artistas, del arte”, declaró en una entrevista en ese entonces para La Razón.

El futuro es poco prometedor. La Ley de Expresiones Artísticas y Culturales que viene siendo trabajada por los movimientos ciudadanos finalmente estuvo en el Concejo el año pasado y fue devuelta hace unas semanas a sus elaboradores, con las correcciones de todas las secretarías y direcciones a las que les compete la normativa, al ser tan abarcativa. Fue entregada con el compromiso de ser promulgada en esta gestión de Súmate; sin embargo, he escuchado hablar de la boca de más de uno que su promulgación se ve más difícil en esta gestión que en las anteriores.