Víctimas de Huayllani hablan ante la CIDH; reclaman justicia por 'masacre'
Ayer, las víctimas de Huayllani hicieron conocer al equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no han conseguido justicia por las muertes y heridos de 2019, pese a que han transcurrido más de cuatro años. El comisionado escuchó a los asistentes y, a través del delegado y relator para Bolivia, José Luis Caballero, hicieron conocer que procesarán toda la información y continuarán en diálogo tanto con los afectados como con el Estado a fin de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a Bolivia por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).
Al concluir el encuentro, Caballero informó que recibieron el “sentir” de las víctimas. “La CIDH tiene una mirada muy atenta a las víctimas. Vinimos a verlas y escucharlas. Tienen alguna inconformidad con el avance en el cumplimiento de las recomendaciones (…). El tema es de acompañamiento, no hay conclusiones puntuales”.
Por su parte, Nelson Cox, abogado de las víctimas de Huayllani, manifestó que se encuentran “esperanzados” de que sus reclamos “surtan efecto”, ya que los afectados estarían viviendo travesías a causa del incumplimiento de las recomendaciones.
María Javier, representante legal de las víctimas de Huayllani, coincidió con Cox. Dijo que las recomendaciones del GIEI no se cumplieron, ya que en cuatro años no hay autores materiales ni intelectuales con sentencia por las muertes y tampoco recibieron resarcimiento. “Estamos peregrinando para encontrar justicia”.
De la reunión participaron representantes y víctimas. Hernán Maldonado, uno de los heridos del 15 de noviembre de 2019, estuvo presente y reclamó justicia. Él perdió el ojo izquierdo por el impacto de un balín, situación que le afectó también al ojo derecho, lo que en la actualidad le impide continuar trabajando como mecánico de maquinaria pesada. A esa actividad se dedicaba antes de la jornada trágica en Sacaba.
El pasado 15 de noviembre se cumplió cuatro años de la “masacre” en Huayllani, donde 10 miembros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba fueron abatidos a tiros por las Fuerzas Armadas, según las investigaciones de la Fiscalía.
La Fiscalía contempla 10 fallecidos en la acusación formal, mientras que la representante legal de las víctimas habla de 12.
ACUSADOS
18 personas han sido acusadas de genocidio y tentativa de genocidio en relación con las muertes ocurridas en Huayllani en 2019. Entre los acusados se encuentran la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, quienes están en situación de rebeldía, así como 13 militares y dos policías.
SIN RESPUESTA
El 12 de noviembre se conoció que el Tribunal de Sentencia No. 1 de Sacaba declaró que no era competente para juzgar a la exmandataria a través del proceso ordinario, sugiriendo que sea llevada a un juicio de responsabilidades.
El 15 de noviembre, el fiscal general Juan Lanchipa, informó que las comisiones de fiscales que investigan los casos de Sacaba y Senkata presentaron las apelaciones correspondientes respecto a las declaratorias de incompetencia por parte de los Tribunales de Sentencia que debían resolver esos casos. En ese marco, solicitaron a las salas penales de los tribunales departamentales de justicia de La Paz y Cochabamba sorteadas dejar sin efecto esta determinación e iniciar con el juicio oral público y contradictorio.
Las víctimas de Huayllani también apelaron el 17 de noviembre. Aún no hay una respuesta sobre las apelaciones.
