El sufrimiento de Pilar Reyes, madre de una víctima de feminicidio, no cesa. Su hija María del Carmen Carballo R. fue asesinada en 2016 por integrantes de la pandilla Wander Rap, una de las más peligrosas de Cliza, Cochabamba. El cabecilla, Omar Alejandro Ordoñez Arias, fue condenado en 2017 a 30 años de cárcel, pero en 2021 consiguió su libertad y luego huyó del país. 

Ese fallo judicial le dio un giro inesperado a la vida de Pilar. Ella, junto a su hijo menor (de ocho años), no tuvo más opción que migrar del campo (comunidad de Toco) a la ciudad para resguardarse ante la posible “venganza” del feminicida prófugo. Se instaló en uno de los ambientes de un inmueble, de uso compartido, administrado por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) dependiente del Ministerio de Gobierno, pero dejó el lugar hace unas tres semanas porque esa institución solicitó hace un par de meses la “restitución inmediata del inmueble”.

El abogado Henry David Flores, quien defiende y colabora de manera gratuita a Pilar, informó que Reyes al verse desprotegida y sin techo para ella y su niño juntó sus ahorros y decidió construir un cuarto en un lote de la zona sur que había comprado hace varios años, pero la gente del lugar estaba exigiéndole que pague alrededor de 7 mil bolivianos por supuestas cuotas y multas. 

Pilar es de escasos recursos económicos y no pudo realizar esa cancelación. La gente del lugar la sorprendió este miércoles, mientras estaba con su hijo, e hizo caer su construcción. También perdió a sus gallinas debido a que les cayó encima bloques de ladrillos.

Por la tarde, la mujer aguardaba su valoración médica debido a que habría sufrido lesiones durante el hecho violento. Su niño fue testigo de todo lo ocurrido. “El sufrimiento de la señora Pilar no termina. Es realmente una pena considerando que ella es una mujer de escasos recursos económicos”, lamentó su abogado.

Si desea apoyar a Pilar puede llamar al 74093603 o dirigirse a la oficina de su abogado ubicada frente al Cine Astor, en la calle Sucre casi 25 de Mayo No. 0414. El despacho es el 21. 

MÁS DE SEIS AÑOS DE DOLOR

Pilar recuerda a María del Carmen como una jovencita alegre, trabajadora y llena de sueños. Era su compañera, quien la seguía en esas rutas empinadas del campo y cuidaba, al igual que otra de sus hermanas, de su único hermanito varón.

El domingo 13 de marzo de 2016, la adolescente, de 16 años, fue a vender frutas al mercado de Cliza. Ella y su hermana ayudaban a comerciantes para ganarse un poco de dinero, y cuando lo hacían generalmente se quedaban a dormir en la casa de una tía porque la vivienda de sus padres está muy distante del pueblo, donde no llega el transporte público.

Ese día, Omar Alejandro Ordoñez, su enamorado, la llevó a la Feria de la Ambrosía en la comunidad de Ana Rancho, Cliza. Fueron a un local donde compartieron con amigos. Aquel día de marzo, a María del Carmen le dijeron que debía participar de un rito de iniciación para ser parte de ese grupo, pero sin explicarle bien en qué consistía el mismo. La llevaron hasta un lote baldío donde le indicaron que debía mantener relaciones íntimas con 10 integrantes de la pandilla. La adolescente se negó, pero ellos la sujetaron, golpearon, violaron, mientras uno de ellos la asfixió cuando intentaba evitar que grite.

Por el feminicidio de María del Carmen, 21 pandilleros de Wander Rap, varones y mujeres de entre 14 y 23 años, fueron procesados. Cinco fueron sentenciados con 30 años de presidio sin derecho a indulto en el penal de El Abra, mientras 11 menores de edad cumplieron su sanción en el centro de infractores. Otros cinco fueron absueltos por falta de pruebas.

Omar Alejandro Ordoñez Arias, alías El Homero; José Alfredo Yáñez Andia, El Camba; Martín Taraña Cruz, El Matu; Sergio Pinto Torrico, El Gaucho y José Richard Veizaga Arias, El Joseito recibieron la condena máxima. Todos son miembros de Wander Rap, una de las pandillas más peligrosas de Cliza, en el Valle Alto de Cochabamba.

Ordoñez Arias, principal autor, continúa prófugo. Por su liberación, la vocal Mirtha Mabel M. fue procesada y, después de meses de investigación, la sentenciaron a un año de cárcel por incumplimiento de deberes en el ejercicio de sus funciones y no por prevaricato o incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia.