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  • Diario Digital | miércoles, 03 de junio de 2026
  • Actualizado 17:26

RJC: Yassir condenado a 8 años y los hermanos Bascopé a 6 años y medio

La Justicia también dictó una condena de dos años de prisión para Milena Soto y Jaime Maldonado. Luis Antonio Terán se encuentra en rebeldía.
Los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala durante el veredicto final de su juicio./ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA
Los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala durante el veredicto final de su juicio./ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA
RJC: Yassir condenado a 8 años y los hermanos Bascopé a 6 años y medio

Después de ocho meses de juicio, que tuvieron algunas interrupciones, los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fueron sentenciados ayer a penas de dos a ocho años de prisión debido a los actos de violencia que, según la Fiscalía, perpetraron contra la población en 2019.

Yassir Steven Molina L. fue condenado a ocho años de cárcel, mientras que los hermanos Mario Antonio y Favio Alejandro Bascopé R. recibieron seis años y seis meses en el penal de San Sebastián Varones por los delitos de organización criminal relacionados con vejaciones, torturas, y tenencia, porte y portación ilícita. Milena Soto L. y Jaime Maldonado M. fueron condenados a dos años de prisión en San Sebastián Mujeres y Varones, respectivamente, por organización criminal vinculada a vejaciones y torturas. Luis Antonio Terán C. se encuentra en rebeldía.

Tras el veredicto emitido por el Juzgado de Sentencia No. 12 del Tribunal Departamental de Cochabamba, tanto los acusados como los acusadores expresaron su intención de apelar. Los primeros buscaban una sentencia absolutoria, mientras que los segundos solicitaban penas más severas.

En esta audiencia estuvo presente el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, en representación del Ministerio de Gobierno. Al término del juicio, expresó que esperaba una “sanción más severa”, aunque reconoció que una sentencia condenatoria establece un “precedente” importante para demostrar tanto al pueblo como a la comunidad internacional que los crímenes y delitos no quedan impunes.

Por otro lado, a través de su cuenta de Facebook, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que apelarán la decisión judicial, argumentando que las penas impuestas no corresponden a la gravedad de los delitos cometidos, los cuales, en su opinión, merecían una condena más severa.

Además, Nelson Cox, abogado de las víctimas, expresó que sus clientes se sienten insatisfechos con la sentencia, ya que esperaban penas más altas. 

Por otro lado, Milena Soto, una de las acusadas en este proceso, calificó la sentencia como “forzada” y “vulneradora de derechos humanos”, argumentando que ni ella ni los demás procesados realizaron acciones indebidas. Según su punto de vista, la sentencia responde a una “persecución política”. Su abogado anunció que apelarán el fallo y llevarán el caso a instancias internacionales.

En cuanto al juicio, el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, detalló que durante el proceso se presentaron 105 pruebas documentales y 127 pruebas testimoniales, además de pericias obtenidas en la etapa preparatoria.

La Resistencia Juvenil Cochala (RJC) surgió después del 20 de octubre de 2019, cuando se denunció un presunto “fraude electoral”. El grupo se movilizaba en motocicletas armadas con bazucas artesanales, explosivos y palos, siendo acusados de agredir físicamente a sectores de la población, principalmente simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

OTRA SENTENCIA PARA YASSIR Y LOS BASCOPÉ

Esta sentencia representa la segunda condena para Yassir Molina y los hermanos Bascopé. En abril de 2023, fueron sentenciados a seis años de prisión en el penal de San Roque de Sucre por delitos que incluyeron tenencia, porte o portación ilícita, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado. Estos actos ocurrieron en octubre de 2020 durante el asedio a la Fiscalía General del Estado.

Para la Fiscalía, estas sentencias son parte del cumplimiento de la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su informe sobre los eventos violentos de octubre y noviembre de 2019 catalogó a la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista como grupos “parapoliciales violentos” y recomendó al Estado su desarticulación.