Policiales

Los detalles sobre el quíntuple asesinato ocurrido en Pucamayu, una comunidad ubicada en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, se vuelven cada vez más espeluznantes y perturbadores. La Fiscalía confirmó ayer, luego de la realización de las autopsias, que Thadhashy Félix L.M., su esposa Trinidad M.P., su hermana Auristela Liza L.M. y Juan Carlos R.M., quien era amigo de la hermana y militar en reserva activa, fueron asesinados por disparos en la cabeza. El cuerpo de Cristian S.C. aún no ha sido recuperado, ya que se espera que dicha tarea se lleve a cabo entre hoy y mañana. Según el testimonio del autor confeso, a Cristian lo obligaron a cavar una fosa y lo enterraron vivo. La madre de la víctima ya se ha acercado a la Policía, y, al haber sido maestra en la zona, busca información precisa sobre la ubicación para recuperar el cuerpo de su hijo.

En relación con el caso, Ernesto A. Ch. ha sido señalado como el responsable de la muerte de las víctimas. Según su declaración, utilizó una escopeta, la cual aún no ha sido localizada, para acabar con la vida de cuatro de ellas. Actualmente, se encuentra bajo detención preventiva en el penal de San Sebastián Varones, por un periodo de seis meses, imputado por los presuntos delitos de privación de libertad y asesinato.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que se han emitido cuatro órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con el crimen. Según la declaración de Ernesto, estarían implicados su padre, Juan A.S., Sergio P., presunto dirigente de la zona, Juan C., y otro hombre, cuya identidad aún está en proceso de confirmación, pero que sería un “nuevo afiliado”.

EL VIAJE Y EL SECUESTRO 

Según las investigaciones, Cristian S. contactó a Thadhashy L. para contratar sus servicios de taxi por tercera vez. El martes 12 de noviembre, a las 07:20, el auto rojo de Thadhashy pasó por la zona de Tutimayu, en Sacaba, y a las 07:47 circuló por la tranca de Aguirre, cerca de Colomi. Más tarde, a las 12:47, Thadhashy llamó a su esposa, Trinidad M., para pedirle que consiguiera 27.800 bolivianos para su liberación.

En los audios de la conversación entre los esposos, Thadhashy se escucha diciendo que estaba amarrado y que, si no entregaban el dinero, lo colgarían. Los habían acusado de estafas y robos, y lo mantenían “retenido”. A las 14:30, Trinidad M. presentó la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Sacaba. Según la Policía, se envió un equipo de Inteligencia al lugar, pero la familia decidió intervenir por su cuenta antes de recibir una respuesta. La esposa de Thadhashy contactó a su cuñada, Auristela Liza L., quien a su vez llamó a su amigo Juan Carlos R.M. Ambos eran miembros de la Fuerza Aérea Boliviana; Auristela trabajaba como maestra en la Escuela de Idiomas, mientras que Juan Carlos, suboficial en reserva activa (según información proporcionada por el abogado de su familia) y profesional en Contaduría, había desempeñado diversos cargos administrativos, donde coincidió laboralmente con la hermana de Thadhashy.

LA LLEGADA DE LOS FAMILIARES DEL TAXISTA Y EL TRÁGICO FIN

Las tres personas llegaron a Pucamayu con el dinero exigido, pero, al llegar al lugar alrededor de las 00:45 del 13 de noviembre, Cristian S. las acusó, según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, de ser los “proveedores del armamento”. Para ese momento, los comunarios ya creían haber capturado al “jefe” de una banda de estafadores y ladrones, como se escuchó en audios filtrados de grupos de WhatsApp de la comunidad. Estaban decididos a no conformarse con los 27.800 bolivianos y querían un desenlace más severo.

Fue entonces cuando las tres personas que viajaron para rescatar al taxista fueron secuestradas, a la 01:00. Tres horas después, alrededor de las 04:00, Thadhashy, su esposa, su hermana y el amigo militar fueron asesinados. A las 05:15, también mataron a Cristian S., quien inicialmente logró escapar, pero fue capturado poco después mientras dormía entre unos platanales. Según la declaración de Ernesto A., como castigo por su huida, lo obligaron a cavar su propia fosa antes de enterrarlo con vida, aunque esto se confirmará una vez que se recupere el cuerpo y se realice la autopsia.

A las 06:00, los comunarios incendiaron el auto rojo. Según los familiares, la última comunicación telefónica con las víctimas ocurrió alrededor de las 23:30 del 12 de noviembre. El 14 de noviembre, se conformó un Comité de Crisis para coordinar una Orden de Operaciones de Rescate. También se iniciaron negociaciones con dirigentes de la comunidad para obtener la liberación de los secuestrados, pero las respuestas fueron negativas y estuvieron acompañadas de severas advertencias.

El 16 de noviembre, a las 07:00, se realizó un sobrevuelo sobre la comunidad de Pucamayu. A las 18:00, Ernesto A., quien habría confesado su participación en los crímenes, fue detenido. El 17 de noviembre, se entrevistó a comunarios, y el 19 de noviembre se llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate en el lugar de los hechos.

LA HIPÓTESIS: VENTA DE ARMAS 

Según Aguilera, el contacto entre Cristian S. y los comunarios de Pucamayu se produjo durante los bloqueos en Parotani, donde este grupo habría sido asignado para bloquear. En ese contexto, Cristian se acercó a ellos, les dijo que era hijo de una maestra que había trabajado en la zona y les ofreció armamento. Como adelanto, los comunarios le entregaron 27.800 bolivianos, pero él no cumplió con lo prometido. Entonces, lo citaron, diciéndole que había “nuevos clientes” interesados. Fue entonces cuando lo retuvieron.

Cristian se hacía pasar por militar, ya que en algún momento fue cadete, aunque fue dado de baja del Ejército. Para Aguilera, este hecho representó una ventaja, pues su conocimiento de la jerarquía y el dialecto militar le permitió ganarse la confianza de los comunarios, quienes creyeron en él.

Según Ernesto A., detenido por los crímenes, conoció a Cristian en una escuela de Pucamayu hace mucho tiempo, pero recientemente se reencontraron. En su declaración, el presunto autor material explicó que Cristian lo llamó el 11 de noviembre para ofrecerle cuatro rifles en venta y le pidió que buscara interesados, además de anunciar que iría a Corani con su “jefe”. El comunario lo convenció de entrar a Pucamayu, ya que los supuestos compradores eran adultos mayores y no confiaban en las comunicaciones a distancia. Al llegar, Cristian presentó a Thadhashy como su “jefe y militar jubilado” y les dijo que debían pagarle a él, prometiendo entregar las armas en dos días.

Ernesto mencionó que ya había dado dinero a Cristian en ocasiones anteriores, pero él no cumplió, por lo que, sintiéndose estafado, decidió exponer a ambos ante los comunarios. Los llevó amarrados a un galpón donde se realizaba una reunión. Exigió la devolución de los 27.800 bolivianos.

Mientras todo esto ocurría, las personas que habían ido en auxilio de Thadhashy llegaron al lugar. Al revisar sus cédulas de identidad, los comunarios descubrieron que varios de ellos pertenecían a la Fuerza Aérea Boliviana, lo que, según Ernesto, generó molestia entre los pobladores. Decidieron trasladarlos hasta un río. En ese momento, Cristian aprovechó la oportunidad para pedir ir al baño y logró escapar, mientras que las demás personas fueron trágicamente asesinadas.

¿QUÉ DICEN LOS FAMILIARES DE LOS ASESINADOS?

Auristela M., madre de Thadhashy y Auristela Liza y suegra de Trinidad M., rechazó cualquier vínculo de sus hijos y nuera en la venta de armas. Aclaró que su hijo no era militar, sino taxista, y que su única relación con Cristian S. era la de usuario, ya que lo contrató en dos ocasiones anteriores para viajar a Colomi, además de esta última. También manifestó que su hija era personal civil de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), ya que trabajaba como maestra en la Escuela de Idiomas. Mientras la nuera trabajaba en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Por su parte, la esposa de Juan Carlos R.M. negó cualquier relación de su esposo con los otros fallecidos, así como su implicación en la supuesta venta de armas. Explicó que lo único que hizo su esposo fue intentar ayudar a Auristela Liza, quien había sido su compañera de trabajo. Conoció, por medio de su hijo, que la profesora había llamado insistentemente a su esposo esa tarde, motivo por el cual Juan Carlos habría salido de su hogar, sin especificar su destino. La familia denunció su desaparición ante la Policía y, una semana después, conoció el trágico desenlace.

El abogado de la familia, Lurwyn Ledezma, indicó que Juan Carlos había prestado 30 años de servicio en la institución, de los cuales 29 fueron en funciones administrativas. Era padre de dos hijos. Solicitó que se investiguen los móviles del caso, ya que considera que se podría estar ocultando información relacionada con actividades como el tráfico de sustancias controladas, pero aseguró que el suboficial no tenía ningún vínculo con actividades ilícitas.

El viceministro Aguilera había adelantado que, al ingresar la Policía y la Fiscalía en la zona, se identificaron plantaciones de marihuana.

El caso sigue en proceso de investigación. Se sabe que las víctimas mortales están siendo veladas y que se prevé su entierro para hoy.