Seis militares que estuvieron activos durante la crisis de 2019 fueron convocados a una audiencia, en el Juzgado No. 1 de Instrucción Penal de Sacaba, en Cochabamba. Estos uniformados sumaron una imputación más a sus causas, tomando en cuenta que han sido sindicados por las muertes producidas en Huayllani.

Actualmente están procesados por el caso de Senkata (El Alto), mismo en el que también hubo bajas humanas durante los conflictos postelectorales de entonces.

La mañana de este martes cuatro llegaron a Sacaba, desde La Paz, para afrontar la audiencia, que finalmente se suspendió hasta el 30 de junio.

Los imputados son Pablo Arturo Guerra Camacho, Aldo Bravo Méndez, Moisés Orlando Mejía, Iván Patricio Ichauste Rioja, Óscar Armando Caba Hurtado y Boris Cristian Pastor Paz.

Los hechos luctuosos de 2019 han sido considerados como masacres por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Este equipo analizó la situación crítica de Bolivia y concluyó que existió uso desproporcional de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. En este sentido, los exjefes militares son señalados por la Justicia.

Estos uniformados son acusados por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato. El exministro de Gobierno transitorio, Arturo Murillo, y el exministro de Defensa interino, Luis Fernando López, también son contemplados dentro de la causa. El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana es otro de los procesados.

Previamente, familiares de los caídos y heridos de Huayllani se mantuvieron en alerta ante lo que consideraron como retardación judicial. Incluso, anunciaron marchas y movilizaciones para exigir celeridad.

El 15 de noviembre de 2019, luego de que Evo Morales confirmara su renuncia tras 14 años de mandato, se desató la crisis en Bolivia. Huayllani fue uno de los focos más caldeados del conflicto social. Hubo bajas humanas, producto de armas de fuego.