Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 02 de diciembre de 2022
  • Actualizado 21:42

Mecánico teme por su vida y pide que se revoque detención domiciliaria de Jhasmani

Jhasmani Torrico, conocido como el “abogado torturador”. DICO SOLÍS
Jhasmani Torrico, conocido como el “abogado torturador”. DICO SOLÍS
Mecánico teme por su vida y pide que se revoque detención domiciliaria de Jhasmani

“Temo por mi vida y la de mi familia. Estoy muy angustiado y preocupado tras enterarme que Jhasmani Torrico recibió detención domiciliaria”, dijo ayer Juan Antonio Cuéllar, quien peregrina por justicia desde hace cuatro años. El “caso mecánico” es el único proceso que mantenía al “abogado del diablo” o “abogado torturador” encarcelado. La Fiscalía y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) apeló la resolución del Tribunal de Sentencia No. 2 y aguardan que se fije otra audiencia donde podrían ratificar o revocar el fallo que beneficia al sentenciado.

Las autoridades judiciales le otorgaron este miércoles detención domiciliaria con custodio policial, fianza de 80 mil bolivianos, arraigo y debe presentarse cada semana a firmar.

CALVARIO

La víctima pide que se revoque la detención domiciliaria. Por su caso, Torrico fue condenado en febrero de 2021 a seis años y seis meses de cárcel por secuestro y lesiones, pero la sentencia aún no fue ejecutoriada y, por ese motivo, el procesado solicitó nuevamente la cesación a su detención preventiva. 

“Pido que cumpla su condena en la cárcel, no estoy tranquilo. Tuve que enviar a una de mis hijas al exterior para cuidarla porque recibí amenazas y a mi otra hija no la puedo mandar ni a la tienda sola. Solo quiero que se haga justicia”, señaló Cuéllar. 

El 16 de marzo de 2018, tres hombres llegaron al taller de Juan Antonio pidiendo auxilio para una movilidad varada a unas cuadras. El mecánico sacó sus herramientas y subió a un taxi hasta llegar a un Toyota RAV 4 que tenía el capó abierto, donde lo redujeron, le hicieron toques eléctricos y le vendaron los ojos para llevarlo hasta un inmueble donde lo golpearon y torturaron hasta hacerle firmar un documento en el que admitía la devolución de 20 mil dólares por un anticrético. Para ello, le tomaron fotos contando billetes, junto a los dueños del inmueble, pero no recibió ni un dólar. Por el caso, siete personas fueron sentenciadas.