El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, informó ayer que luego de la intervención a los 18 juzgados de Ejecución Penal en el país, se determinó cesar en sus funciones a 11 jueces, entre ellos dos de Cochabamba y mandar a proceso disciplinario a otros siete, por presuntas irregularidades en sus actos.

Los jueces que fueron cesados en este proceso son Ricardo Illanes (Beni), Vidalia Morales (Chuquisaca),  Rubén Marcelo Leiva (Cochabamba), Rosalía Orellana (Cochabamba), Rafael Alcón (La Paz, detenido por liberar a Richard Choque), Abraham Aguirre (La Paz, también detenido), Germán López Moya (Oruro).

También se destituyó a  Héctor Willy Gómez (Potosí), Gualberto Rueda (Santa Cruz), Alberto Moreira (Santa Cruz), Isabel Amelia Paz (Santa Cruz).

Los jueces cuyos casos fueron remitidos a proceso disciplinario son: Giovanna Torrico (Cochabamba), Hernán Eulogio Galier (La Paz, detenido), Javier Flores Mamani (La Paz), Marco Antonio Laurenty Titirico, Iván Núñez Vela (Pando), María Alejandra López Vargas (Santa Cruz), Carla Noelia Mariscal Esquivel (Tarija).

Molina dijo que con este actuado se han terminado las intervenciones. “Esperamos que en el futuro este tipo de actos de carácter irregular no vuelvan a ser cometidos por autoridades jurisdiccionales”.

Acotó que en la intervención de los juzgados se ha revisado más de mil expedientes y se ha encontrado 266 casos de responsabilidad penal y se han instaurado 76 procesos.

El pasado 1 de febrero, el Consejo de la Magistratura definió la intervención de todos los juzgados de Ejecución Penal después de conocerse el caso del feminicida, asesino y violador serial Richard Choque Flores, quien en diciembre de 2019 fue liberado por el ahora exjuez Rafael Alcón de La Paz, pese a que tenía sentencia de 30 años de cárcel por matar en 2013 a una universitaria. 

Choque apenas salió de la cárcel, creó un perfil en Facebook a nombre de Haide Mitzi Flores Alarcón y, desde esa cuenta, contactó a 77 mujeres, entre ellas dos adolescentes desaparecidas en mayo y agosto de 2021 que fueron halladas el pasado 24 de enero enterradas en la casa que ocupaba el sentenciado liberado, junto a su madre y su hermana, en la calle Rafael Pabón de la zona Ballivián de El Alto, La Paz.

La macabra historia no terminó con el hallazgo de los cuerpos de las menores de edad que estaban siendo buscadas. El 2 de febrero, los restos óseos de su primo Fidel Lecón, desaparecido en 2011, fueron hallados en la misma casa donde encontraron sin vida a la universitaria. 

Sanción Sectores proponen agravar el tipo penal de prevaricato para sancionar con hasta 20 años de cárcel para evitar que sentenciados salgan libres.