La Defensoría del Pueblo cuestionó la decisión del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz que resolvió levantar la detención preventiva de Sandro Z.C., acusado de violar a sus dos hijas, desde que ellas tenían 7 y 6 años. La Justicia le concedió detención domiciliaria.

La institución defensorial también observó la ausencia de la fiscal de materia Pilar Díaz durante la audiencia realizada el sábado. Remitirá requerimientos de informes escritos al Ministerio Público por la inasistencia y solicitará antecedentes por su “conducta negligente”.

Asimismo, pedirá al Consejo de la Magistratura que ejerza control y fiscalización al desempeño de los jueces y se determinen las sanciones que correspondan en este caso.

Según el Tribunal Primero de Sentencia Penal, se dio curso a la cesación a la detención preventiva del acusado porque quedó desvirtuada casi la totalidad de los riesgos procesales, sobre todo el ‘peligro efectivo para la víctima’ debido a que las hijas ahora son mayores de edad y, según la valoración, ya no se encontraría en situación de vulnerabilidad. Las víctimas fueron agredidas sexualmente por su padre y abuelo paterno. El último se encuentra prófugo y declarado en rebeldía desde 2019.

El proceso penal contra Sandro Z.C. está con auto de radicatoria desde el 1 de enero de este año y con remisión de pruebas de cargo por el Ministerio Público desde el 8 de marzo. Sin embargo, no se instaló la audiencia de apertura de juicio oral.