Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 28 de noviembre de 2021
  • Actualizado 22:29

Jhasmani seguirá preso y ordenan que junta médica vuelva a valorar su estado de salud

Jhasmani Torrico sale de una de sus audiencia, en Quillacollo. DICO SOLÍS
Jhasmani Torrico sale de una de sus audiencia, en Quillacollo. DICO SOLÍS
Jhasmani seguirá preso y ordenan que junta médica vuelva a valorar su estado de salud

El Tribunal de Sentencia No. 2 de Quillacollo determinó, en cumplimiento al auto de vista de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva solicitada por Jhasmani Torrico Leclere en el “caso mecánico”.

El pasado 4 de noviembre, Torrico solicitó la cesación a su detención preventiva argumentando que se debía considerar su derecho a la familia, salud y estando a unos meses de cumplir la mitad de la pena impuesta en sentencia de primera instancia.

Para el Ministerio Público y la acusación particular, Jhasmani, conocido como el ‘abogado del diablo’ o el ‘abogado torturador’ es un peligro para la víctima y denunciaron que no se habría desvirtuado los riesgos por los que aún está detenido. En conocimiento de los argumentos expuestos por las partes e informes presentados, el Tribunal de Sentencia No. 2 de Quillacollo determinó la cesación a la detención preventiva del sentenciado.

Ese fallo fue apelado. La Sala Penal Segunda determinó el 16 de noviembre que el Tribunal de Quillacollo emita una nueva resolución.

En cumplimiento a ese auto, el Tribunal de Quillacollo determinó por mayoría, pero con el voto disidente de la jueza técnico Salomé Guzmán, rechazar de momento la solicitud de cesación de la detención manteniéndose la resolución del 15 de noviembre de 2018 que establece la reclusión preventiva del ‘abogado del diablo’.

El Tribunal ordenó la notificación al director del Hospital Viedma para que se conforme una nueva junta médica para la valoración de Torrico, y sea en base a los antecedentes y anteriores informes emitidos por el mismo nosocomio, debiendo también remitirse los certificados médicos expedidos por el médico de Régimen Penitenciario.

La resolución fue apelada por las partes del proceso. En tanto, el acusado continúa preso en San Sebastián (varones).