MUNICIPIO REFORZARÁ SEGURIDAD E INSTALARÁ CÁMARAS
Infanticidio: clamor de justicia, cámaras clave y contradicciones del sospechoso
La investigación por el infanticidio de la niña Adriana avanza. Sus padres claman justicia y una pena justa. De momento, un adolescente, de 16 años, guarda detención preventiva en el Centro Cometa; estudiaba en la misma unidad educativa que la víctima, cámaras de vigilancia lo situaron en la zona y cayó en contradicciones. Se presume la participación de otro más.
La pesadilla de la familia comenzó el 8 de septiembre. Esa noche, el padre asistió a una reunión en el colegio de su hija de seis años, en Senda VI, Puerto Villarroel, Trópico de Cochabamba. La niña jugaba con otra menor de edad en el establecimiento, pero al poco tiempo desapareció. El padre fue a la plaza, donde la madre vendía anticuchos, pero tampoco la encontró. La buscaron hasta la madrugada, sin éxito.
Al día siguiente, el 9 de septiembre, los padres denunciaron la desaparición ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), que emitió un “aviso de bien social” con la fotografía de la niña para difundirla. La madre aseguró que también acudieron a la Policía, esperando una búsqueda inmediata, pero no ocurrió. La familia y los pobladores organizaron un rastrillaje.
La Policía de Ivirgarzama informó que el 11 de septiembre recibió la solicitud de la Defensoría de la Niñez para sumarse a la búsqueda, la cual fijaron para el día siguiente a las 08:30. Sin embargo, esa misma jornada los pobladores hallaron a la niña sin vida en un canal de drenaje, a unos 20 metros detrás de la unidad educativa. Cuando llegaron los equipos de policías, voluntarios y funcionarios públicos, el cuerpo ya había sido encontrado.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en coordinación con la Fiscalía, realizó el levantamiento legal y lo trasladó a la morgue del Hospital de Ivirgarzama. La autopsia confirmó una muerte violenta: la niña murió por asfixia por estrangulamiento y también sufrió violencia sexual.
Tras el hallazgo, la Fiscalía conformó un equipo, de tres fiscales, y la Policía hizo lo propio. Al revisar y congelar las imágenes de vigilancia, verificaron que la niña jugaba dentro del colegio con otra menor de edad. Luego aparece un adolescente —actualmente detenido— al que convocaron a declarar como testigo por haber sido ubicado en el lugar. Durante su declaración incurrió en contradicciones y la Fiscalía ordenó su aprehensión.
Primero aseguró que ingresó al colegio con tres compañeros y una profesora para realizar una práctica de electricidad, versión descartada por los testimonios de la maestra y de otros estudiantes. Después cambió su relato y dijo que había entrado con un conejo negro en la mano izquierda, lo cual también fue desmentido por las cámaras. En su declaración ampliatoria mantuvo contradicciones y solo repetía que no tenía nada que ver con el infanticidio. Finalmente fue puesto ante un juez cautelar, que dispuso su detención preventiva por 45 días en el Centro Cometa, debido a su edad.
Las grabaciones también muestran a otro adolescente en la zona, por lo que no se descarta su participación. La investigación sigue a cargo de la Policía y la Fiscalía.
Mientras tanto, el padre de Adriana exige la pena máxima de 30 años, aunque la legislación boliviana establece que esa sanción se aplica a mayores de 18 años. Para menores, la condena máxima no puede superar los seis años.
Esa diferencia abrió en varios momentos el debate, ya que familiares de víctimas y colectivos reclamaron que las sanciones para adolescentes que cometen delitos graves sean iguales a las de los adultos, sobre todo cuando están próximos a cumplir la mayoría de edad.
MEDIDAS Ayer, el alcalde de Puerto Villarroel, Limber Cossío, encabezó una reunión con distintas instituciones para abordar la seguridad ciudadana. En el encuentro trataron el caso de infanticidio y otros hechos como balaceras, microtráfico y consumo excesivo de alcohol. Tras el debate, asumieron varias medidas: fijar horarios para el funcionamiento de bares —hasta la medianoche de lunes a viernes y hasta la 01:00 los fines de semana—, instalar cámaras de vigilancia en accesos y puntos estratégicos, realizar operativos sorpresa y poner a disposición de la Policía y Migración a los extranjeros que estén en la zona para verificar la legalidad de su permanencia.
