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  • Diario Digital | miércoles, 03 de junio de 2026
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PEDIRÁN MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

Imputan a Milena Soto de la RJC por violencia contra exalcaldesa

La imputada afirma que no estuvo en Vinto el 6 de noviembre de 2019, día en que a la exautoridad le cortaron el cabello y le echaron pintura roja. 
La exalcaldesa de Vinto Patricia Arce, mientras la llevaban al puente Huayculi, en noviembre de 2019./ DICO SOLÍS
La exalcaldesa de Vinto Patricia Arce, mientras la llevaban al puente Huayculi, en noviembre de 2019./ DICO SOLÍS
Imputan a Milena Soto de la RJC por violencia contra exalcaldesa

La Fiscalía imputó a Milena Soto, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), por los delitos de violencia política contra mujeres y privación de libertad, presuntamente cometidos contra la exalcaldesa de Vinto Patricia Arce durante la crisis política de 2019. Arce fue vista cubierta de pintura roja y con el cabello cortado en medio de una turba.

Los fiscales asignados al caso solicitaron una audiencia de medidas cautelares, donde propondrán para Soto medidas personales como la obligación de presentarse ante el juez o fiscal cada 15 días, la prohibición de frecuentar ciertos lugares y la restricción de comunicarse con la víctima. El documento que detalla estas disposiciones está fechado el 10 de julio de este año.

Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre de 2019. Según el relato de Arce, exalcaldesa de vinto y actual senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), al escuchar disturbios y oler humo, evacuó junto a los funcionarios la Alcaldía de Vinto. En la plaza, fue rodeada por una turba con palos claveteados. Le quitaron su celular, la golpearon y le arrojaron pintura roja. Perdió el conocimiento y al recuperarlo se encontraba en la plaza Bolívar de Quillacollo, donde identificó a Milena Soto que, según ella, la golpeó, le cortó el cabello y la amenazó con un palo con clavos exigiendo su renuncia.

En contacto con OPINIÓN, Soto aseguró que no estuvo en Vinto el 6 de noviembre de 2019. Negó estas acusaciones, desafiando la falta de pruebas que la incriminen en Vinto o Quillacollo, y considera que la demanda es parte de una conspiración para volverla a llevar ante la justicia, calificando las afirmaciones de la autoridad como difamatorias y parte de una “persecución política”.