El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, dijo que las personas que no permitan el paso de personas con coronavirus a los centros designados para su atención médica serán procesados penalmente.

La autoridad gubernamental afirmó que impedir el acceso a la salud es un delito penal que es sancionado con hasta 10 años de cárcel.

Indicó que también serán procesados los comerciantes que estén especulando con los precios de los artículos de limpieza que necesita la población. 

Hizo un llamado a los bolivianos para que sean solidarios con las personas que fueron contagiadas con el COVID-19 para que reciban atención oportuna.