Con dolor y clamor de justicia, Huayllani honra la memoria de sus muertos

“¿Hasta cuándo tendré que caminar llorando?”, se pregunta Gregoria, una mujer mayor que perdió a su hijo Omar Calle Siles el 15 de noviembre de 2019 en el puente de Huayllani, Sacaba. Omar fue asesinado por un disparo en la espalda, mientras que Gregoria, según su testimonio, sufrió una fractura en el brazo debido a la violencia ejercida por las fuerzas del orden.

Para Gregoria, regresar al lugar donde ocurrieron las muertes fue extremadamente doloroso. Revivió el 15 de noviembre de 2019 una vez más. Ayer, desde el escenario, se dirigió a sus compañeros, instándolos a no quedarse de brazos cruzados porque la lucha continúa. Manifestó que está dispuesta a hacer lo que sea necesario, incluso participar en marchas y someterse a huelgas, para que se haga justicia por Omar y las otras nueve personas que perdieron la vida a tiros en Huayllani, así como para los sobrevivientes, familiares y huérfanos.

Este 15 de noviembre se conmemoraron los cuatro años desde la “masacre” de Huayllani. Los actos en memoria de los fallecidos comenzaron con una marcha que salió del Edificio Judicial de Sacaba hasta el puente, donde se encuentra un altar en honor a las víctimas mortales.

Después, los asistentes sacaron un ataúd de cartón con fotografías de la expresidenta Jeanine Áñez, el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de Justicia, Iván Lima, al que golpearon con látigos y luego prendieron fuego.

Antes de los discursos de las víctimas y las autoridades, el sacerdote Ismael Crespo ofició la misa, como lo ha hecho cada año. Recordó que fue suspendido de sus funciones como párroco de Eterazama por celebrar una eucaristía en memoria de los fallecidos de Huayllani.

Todos clamaban por lo mismo: ¡Justicia, justicia! Nelson Cox, abogado de las víctimas de Huayllani y exdefensor del Pueblo en Cochabamba, lamentó que en su momento Arturo Murillo, quien era ministro de Gobierno, hubiera afirmado que los disparos provenían de la misma protesta, insinuando que se habían disparado entre ellos. Sin embargo, la acusación de la Fiscalía sostiene que la policía utilizó gas para crear una “cortina de humo” que permitiera el paso de los militares armados. Entre las 18 personas acusadas se encuentran Jeanine Áñez y sus exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, así como 13 militares y dos policías.

Según Cox, existe un “pacto de impunidad”, pero aseguró que el pueblo tendrá una respuesta. Prevén presentar un recurso de apelación contra la resolución del Tribunal de Sentencia de Sacaba que se declaró incompetente para juzgar a Áñez en vía ordinaria, sugiriendo que sea llevada a juicio de responsabilidades.

Las víctimas de Huayllani rechazan esa posibilidad y exigen que los responsables intelectuales y materiales de las 10 muertes, todos miembros de las Seis Federaciones del Trópico, sean condenados a 30 años de prisión por genocidio y tentativa de genocidio. Los movilizados suspendieron el comunicado que habían prometido emitir, aunque no descartan llevar a cabo marchas y huelgas para hacer oír sus demandas, principalmente en busca de justicia para los fallecidos, los heridos y los huérfanos.

Mientras se llevaba a cabo el acto conmemorativo por los fallecidos de Huayllani, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que las comisiones de fiscales de los casos de Sacaba y Senkata presentaron las apelaciones correspondientes en relación a las declaratorias de incompetencia por parte de los tribunales de sentencia. En ese sentido, solicitó a las salas penales de los tribunales departamentales de justicia de La Paz y Cochabamba que anulen esa determinación y den inicio al juicio oral público y contradictorio.

Lanchipa recordó que el tema de la competencia ya había sido planteado, discutido y resuelto anteriormente ante los juzgados de instrucción penal encargados del control de garantías del proceso. A través de una resolución judicial, se decidió que Áñez debe ser procesada en la vía ordinaria y no a través de un juicio de privilegio constitucional, decisión que fue ratificada por las salas penales de los tribunales de La Paz y Cochabamba en calidad de tribunal de apelación. Advirtió que el Ministerio Público analizará y tomará las acciones legales correspondientes para investigar y determinar responsabilidades en caso de emitirse una resolución contraria a la Constitución Política del Estado y las leyes.