Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 06 de diciembre de 2021
  • Actualizado 19:55

Defensoría del Pueblo pide investigar posibles actos de tortura contra 9 privados de libertad en El Abra

Habrían sufrido actos de agresiones físicas y psicológicas que podrían consistir en torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, al haber sido obligados a golpes a ingresar en unas jaulas de perros por los efectivos de turno.
 
Defensoría del Pueblo pide investigar posibles actos de tortura contra 9 privados de libertad en El Abra

La Defensoría del Pueblo reiteró el pedido para investigar las denuncias de torturas cometidas por efectivos policiales contra nueve internos del penal de El Abra en Cochabamba, el 26 de abril pasado. También solicitó al Comando Departamental de la Policía iniciar un proceso disciplinario contra los uniformados implicados y el Director del recinto penitenciario.

La institución defensorial inició una investigación en la que concluyó que existen indicios de que las personas privadas de libertad (E.A.L.; W.V.C.; V.C.M.; A.V.M.; J.M.G.; R.V.G.; H.C.M.; R.V.; y W.V) sufrieron actos de agresiones físicas y psicológicas que podrían consistir en torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, al haber sido obligados a golpes a ingresar en unas jaulas de perros por los efectivos de turno.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en conferencia de prensa este lunes, informó que ante estos hallazgos, se emitió la Resolución Defensorial DP/RD/CBA/1/2020 que recomienda a la Fiscalía Departamental del Cochabamba iniciar las investigaciones por la posible comisión del delito de vejaciones y tortura por los hechos denunciados; también, dijo, se pide al Comandante Departamental de la Policía, en esa región, inicie procesos disciplinarios contra el Director del Recinto Penitenciario “El Abra” por no haber realizado la denuncia correspondiente, y los uniformados que habrían infringido agresiones  físicas,  tratos crueles, inhumanos o degradantes que podrían constituirse en tortura contra los nueve privados de libertad.

Esta es la segunda Resolución Defensorial que emite la institución defensorial por actos de torturas que involucran a servidores públicos; la primera fue por la denuncia contra miembros de una unidad militar en San Ignacio de Moxos,  en el Beni, que habrían torturado a civiles por haber infringido la cuarentena en mayo pasado.

Cruz indicó que existe evidencia de flagrantes omisiones y acciones de encubrimiento y negación pública de los hechos de supuesta tortura  por parte de la Directora Departamental de Régimen Penitenciario, Pamela Suarez Aguilar, por lo que se pide a la Dirección General de Régimen Penitenciario, iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan, a fin de establecer la existencia de responsabilidades con relación a las denuncias realizadas por los  nueve privados de libertad.

También se recomienda al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional inicie acciones administrativas y legales que correspondan contra servidores públicos del Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), ante el posible incumplimiento de deberes  para garantizar el derecho a la vida la dignidad la integridad física psicológica y sexual de las personas privadas de libertad, de manera pronta oportuna.