Caso Sacaba: Áñez, 2 exministros, 13 militares y 2 policías bajo acusación
Tras casi cuatro años de investigación, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció ayer que ha finalizado la investigación del caso Huayllani-Sacaba. En consecuencia, la comisión de fiscales ha presentado un requerimiento conclusivo de acusación formal contra 18 personas, entre las que se incluyen la expresidenta interina Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Luis Fernando López, exministros de Gobierno y Defensa, respectivamente, así como 13 miembros de las fuerzas militares y dos policías. Durante el juicio oral, buscarán imponer la pena máxima de 30 años de privación de libertad por el delito de genocidio.
Las víctimas de Huayllani han recibido con satisfacción la acusación, aunque algunos creen que faltan nombres de exministros. Además, han expresado su pesar por la ausencia de exautoridades acusadas que se encuentran fugitivas de la justicia boliviana, como es el caso de Murillo, quien ha sido condenado en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero de sobornos, y López.
Los trágicos eventos ocurridos el 15 de noviembre de 2019 en el puente de Huayllani, ubicado en el kilómetro 10 de la avenida Villazón, Sacaba, tuvieron como resultado la pérdida de 10 vidas, todas por proyectiles de armas de fuego, y más de 100 personas resultaron heridas. Esto dejó a su paso muertes, viudas, huérfanos, heridos y familias destrozadas.
LOS ACUSADOS
La acusación ha sido presentada en contra de Jeanine Áñez Chavez; el exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio; el exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic; el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Sergio C.O.C.; el exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Pablo A.G.C.; el excomandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Ciro O.Á.G.; el excomandante General de la Armada Boliviana, Moisés O.M.H.; el excomandante General del Ejército de Bolivia, Iván P.I.R.; el exinspector de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Aldo B.M.; el excomandante del C.E.O. Central de Cochabamba, Alfredo C.M.; el excomandante de la Séptima División del Ejército, Fuad G.R.E.; el excomandante de la Segunda Brigada Aérea, Oscar A.C.H.; el excomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, Boris C.P.P.; el exsub Comandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, Franz L.V.G.; el excomandante del Regimiento de Fuerzas de Comandos Aéreo-Transportados 18 Victoria, Danny O.C.R.; el exjefe de Equipo del Grupo Contra Actos e Interferencia Ilícita, Israel R.V.; el excomandante General de la Policía Boliviana, Rodolfo A.M.T. y el excomandante Departamental de la Policía Boliviana, Jaime E.Z.T.
LAS PRUEBAS
La acusación se fundamenta en un extenso conjunto de pruebas que incluye 180 entrevistas informativas con militares, 110 con funcionarios policiales y 120 con civiles que participaron en la marcha que culminó en violencia. Además, se han recopilado pruebas documentales, como informes, oficios, planes de operaciones y diarios de campaña, entre otros, sumando un total de 350 literales que serán presentados en el juicio. Se cuenta también con 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos de los heridos, así como 18 dictámenes periciales.
VIOLENCIA Y LUTO
Estos trágicos sucesos se enmarcan en el contexto de la agitación política en Bolivia que se desencadenó tras las elecciones de octubre de 2019, con acusaciones de fraude y la renuncia del entonces presidente, Evo Morales. Los manifestantes, simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y productores de coca del Trópico, intentaron ingresar a la ciudad en una marcha que se encontró con un fuerte contingente policial y militar en el puente de Huayllani, lo que desencadenó la violencia.
Según el reporte de la Fiscalía, el entonces comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino; sin embargo, ordenó al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características.
Estos hechos habrían ocurrido luego de la planificación y ejecución operativa conjunta policial-militar, dispuesta por el nivel central de Gobierno a través de los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, quienes habrían ordenado la participación en estos hechos de grupos militares especializados, munidos con armamento y munición de guerra.
A pesar de las acusaciones, algunos de los procesados han negado haber autorizado el uso de armamento letal, según sus declaraciones informativas. El 15 de noviembre se convirtió en un día luctuoso que dejó una profunda huella en la historia de Bolivia.
CASO SENKATA
Además, el fiscal Lanchipa también informó sobre la conclusión de las investigaciones en el caso Senkata, en La Paz, por los hechos de violencia ocurridos el 19 de noviembre de 2019, donde 10 personas perdieron la vida. Se han presentado acusaciones contra 18 personas, muchas de las cuales también están involucradas en el caso de Sacaba.
