Juan Antonio Cuéllar, mecánico torturado por Jhasmani Torrico Leclere, suspendió su caminata hacia La Paz. No solo sus familiares se lo pidieron porque temían que el “abogado del diablo o torturador” ordene a su gente atentar contra su integridad, sino que recibió una llamada anónima indicándole que “suspenda su marcha por su seguridad”.

Cuéllar pretendía llegar a la sede de Gobierno para reunirse con los ministros de Justicia y de Gobierno, Iván Lima y Eduardo Del Castillo, respectivamente, para pedirles que sigan su caso porque, en su criterio, el Tribunal de Sentencia No. 2 de Quillacollo se parcializó a favor de Torrico, quien recibió el viernes medidas sustitutivas a la detención preventiva, pese a que tiene sentencia de seis años y seis meses de presidio por secuestro y lesiones.

El Tribunal, presidido por la jueza Salomé Guzmán, otorgó a Jhasmani Torrico detención domiciliaria con custodio policial, fianza de 80 mil bolivianos, arraigo, entre otras medidas, y por ello, el sentenciado estaría a punto de dejar la cárcel de San Sebastián. Para Juan Antonio, ese fallo pone en riesgo su vida, de su familia y de la fiscal asignada Faridy Arnez.

“Después que le dieron detención domiciliaria (a Torrico) hay más amenazas”, dijo Cuéllar tras llegar ayer a la tranca de Suticollo, desde donde retornó a su vivienda.

“Debiste pensar mil veces antes de meterte con mi familia, ahora la pagarás muy caro”, “Con la familia y la salud no se mete”, “Pronto libre ja ja ja” y “¿Duermes bien?, pronto será para siempre”, son algunos de los mensajes de texto enviados a la fiscal Arnez durante los últimos meses.

No es la primera vez que la fiscal recibe amenazas de muerte. En 2019, se conoció que Torrico pretendía contratar sicarios para acabar con la vida de Arnez.

AUDIOS

El contenido de un audio difundido en 2019 reveló la contratación de sicarios para matar a la fiscal Faridy Arnez. La conversación, sostenida entre una de las integrantes de la organización del “abogado torturador”, Eliana V. y un oficial de la Policía, reveló que los asesinos a sueldo eran de nacionalidad israelita y que los mismo ya habían ido a la oficina del bufete Lechere y Asociados con dinamita y armas.

Eliana V.: La quieren matar a la Faridy (fiscal). Yo digo, va a ser triste su vida de la Faridy si el Jhasmani entra a la cárcel. Ya ha mandado a traer a dos sicarios el Jhasmani.

Policía: Yo tengo aquí uno.

Eliana: De verdad pero…..

Policía: No, verdad.

Eliana: Pero son israelitas.

Policía: Yo tengo uno que es más ca....

Eliana : Mahmed Abad.

Policía: Ese tiene sangre fría, es ese.

Eliana: Sí, estos igual, han venido a la oficina con sus dinamitas, con sus armas. ¡A ver que nos agarre la Policía, los bajamos! Mahmed Abad se llama, y su hermano Mohamed Abad.

Policía: ¿Y?

Eliana: Han hablado ya con el Jhas. Dos meses igual que están en Cochabamba, les van a proveer armas, y si el Jhas entra, la van a limpiar a la Faridy y a su familia.

Policía: ¿Será?

Eliana: Sí, y el Jhas dice: Ahí voy a entrar con justa razón a la cárcel, pero me la voy a limpiar a ella.

En ese entonces, la Fiscalía activó un programa de protección para los tres fiscales, entre ellos Arnez, encargados de la investigación de los casos abiertos contra Jhasmani Torrico.

CASO MECÁNICO

Cuéllar vive un calvario y peregrina por justicia desde hace tres años y siete meses. El 16 de marzo de 2018, fue secuestrado, torturado y obligado a firmar unos papeles aceptando que le devolvieron 20 mil dólares, dinero ganado durante varios años de trabajo, por un inmueble que tomó en anticrético. Le tomaron fotos contando los billetes, pero no le dieron ni un dólar. Según la denuncia, Jhasmani y su gente torturaron al mecánico realizándole toques eléctricos, sumergiéndole la cabeza en un bañador con agua y golpeándolo en distintas partes del cuerpo.

Juan Antonio no recuperó su dinero y continúa peregrinando por justicia en el proceso penal. La Fiscalía apeló la determinación del Tribunal que decidió darle a Torrico detención domiciliaria y aguardan que se fije la audiencia. El mecánico pide que la Justicia revoque esa medida en favor del sentenciado y prevé viajar a La Paz o Sucre pidiendo justicia.