El Juzgado No. 1 de Instrucción Penal de Sacaba aplazó para el 30 de junio la audiencia contra seis militares imputados por asesinato, tentativa de asesinato y genocidio en el marco de las investigaciones por las muertes ocurridas el 15 de noviembre de 2019 en Huayllani. Es la segunda vez que la cautelar se suspende debido a que no se realizaron las diligencias respectivas para garantizar el traslado de los investigados, desde La Paz y Beni, a Cochabamba.

Los imputados son Pablo Guerra C., Iván Inchauste R., Óscar Caba H., Boris Pastor P., Aldo Bravo M. y Moisés Mejía H. Los dos últimos no llegaron ayer a la audiencia por cuestiones “logísticas” y, ante esa situación, el Juzgado determinó la suspensión. “El juez consideró que debe resguardarse el derecho a la igualdad de las partes, víctimas e imputados. Para que (la audiencia) se desarrolle resguardando los derechos a la concentración, celeridad e igualdad determinó suspender la audiencia y que sea presencial”, dijo Vladimir Pérez, abogado de las familias de las víctimas. 

Los militares imputados por las muertes en Huayllani también son procesados en el caso Senkata. La mayoría guarda detención preventiva en la cárcel San Pedro de La Paz y en el penal de Mocoví en Beni por el hecho violento ocurrido el 19 de noviembre en El Alto, La Paz.

Sobre el caso Huayllani, donde 10 personas perdieron la vida, la representante legal de las víctimas, María Javier, dijo que el proceso avanza “lento” y genera molestia y preocupación en los afectados, quienes están pendientes de las audiencias virtuales y presenciales y continúan peregrinando por justicia.

En tanto, los familiares de los militares imputados piden una investigación neutra, objetiva y que se aplique la norma sin injerencia política. “No hubo autoría mediata ni inmediata. El general Guerra no ha dado la orden de matar a nadie, jamás. Nosotros también nos compadecemos de las familias de las víctimas que son seres humanos que no merecían morir, pero se debe dar con los responsables verdaderos porque la responsabilidad no es de los militares, aquí ha habido civiles incriminados (…). Tienen que ser identificados, investigados y condenados, es lo único que pedimos”, manifestó María Teresa Guerra, hermana del general Pablo Guerra.

La abogada de Guerra, Giomar Ávila, lamentó que el juez no haya dado curso a su solicitud respecto a que la audiencia del 30 de junio sea virtual debido a que su cliente sufre un problema pulmonar por lo que todos los miércoles es examinado en la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil).

Sobre el proceso, manifestó que el General ha sido imputado solo por el hecho de haber sido Jefe del Estado Mayor, cargo que ocupó por el escalafón militar y no una postulación. “No hay prueba ni nada en su contra. Nosotros como defensa vamos a demostrarlo”. 

Acotó que es la segunda imputación de Guerra; la primera fue por el caso Senkata y ahora por Huayllani. “La Fiscalía no avanzó nada en el caso Senkata. Hemos presentado innumerables incidentes de nulidad, absolutamente todos nos rechazan”.

Según María Javier, la Fiscalía solicitará la detención preventiva de los seis militares imputados en la audiencia que se llevará el último día de junio.  

SOLO UN ENCARCELADO

Israel R.V. es el único imputado que se encuentra detenido preventivamente en la cárcel por el caso Huayllani, informó el Vladimir Pérez, abogado de las familias de las víctimas. Hay más de 10 personas, entre militares y policías, investigadas por las muertes. Entre ellos, el general Alfredo Cuéllar, excomandante del Comando Estratégico Operacional Central (CEO), el excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita y el excomandante general de la Policía Rodolfo Montero. Asimismo, los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, y el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana fueron declarados rebeldes.