El militar Franz Vargas G., quien estuvo a cargo del Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea (GADA) 92 en noviembre de 2019, fue enviado, con detención preventiva por tres meses, al penal San Pedro de Sacaba por la presunta comisión de los delitos de asesinato y tentativa de asesinato en el marco de las investigaciones por los hechos luctuosos de Huayllani, Sacaba, confirmó este martes la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles.

Sobre su presunta participación, Gonzáles dijo que el militar, de la Fuerza Aérea Boliviana, “estuvo en el lugar de los hechos comandando un grupo especializado de élite el 15 de noviembre de 2019 en el puente de Huayllani y estaba a cargo del GADA 92”.

UN SOLO ENCARCELADO

Vargas es el único imputado que se encuentra con prisión preventivamente en el caso que investiga las 10 muertes en Huayllani. “La autoridad jurisdiccional ha evaluado los elementos de autoría y probabilidad, y riesgos procesales y ha ordenado una detención preventiva por tres meses”, dijo Gonzáles.

La comisión de fiscales de materia, a través de un documento con fecha del 23 de julio, solicitó al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) que disponga que el militar aprehendido permanezca en calidad de custodia en celdas de la FELCC de la laguna Alalay hasta que se lleve su audiencia de medidas cautelares, donde un juez definió su detención preventiva.

Por el caso, hay seis imputados más por presunto asesinato y tentativa de asesinato; tres con medidas sustitutivas a la detención preventiva y tres fueron declarados rebeldes. Los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, y el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana se encuentran en el exterior y no se han sometido al proceso.

En tanto, el excomandante del Comando Estratégico Operacional Central (CEO) Alfredo Cuéllar y el excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita tienen detención domiciliaria, mientras el excomandante general de la Policía Rodolfo Montero se defiende en libertad.

PROCESO

La fiscal departamental, Nuria Gonzáles, dijo, respecto a los primeros seis imputados, que el plazo de la investigación está vigente, pero con la reciente imputación de Vargas la etapa preparatoria se amplía por seis meses más.

“Nosotros queremos trabajar responsablemente teniendo el tiempo más óptimo posible para resolver con tecnicismo y cientificidad cómo hubieran ocurrido los hechos y, de esa manera, realizar la acusación correspondiente (…). No vamos a aguardar al agotamiento de los plazos, sino en la medida en que la investigación tenga la suficiencia probatoria vamos a presentar la resolución conclusiva que corresponda”, concluyó Gonzáles.