Carta, testimonios de víctimas e impunidad: buscan sentar al excura pederasta en Bolivia
Juan José Sant’Anna Trinidad cometió violencia sexual contra niños y adolescentes de un internado en Tapacarí. El caso se conoció en 2007, pero él huyó a su país, Uruguay, y permaneció allí durante casi 18 años.
Cartas, testimonios dolorosos de las víctimas y otras pruebas pesan sobre el exsacerdote Juan José Sant'Anna Trinidad, denunciado por abuso sexual con agravante contra niños y adolescentes de 6 a 18 años de un internado en Tapacarí, Cochabamba; su caso salió a la luz en 2007, huyó a Uruguay y eludió a la justicia durante casi 18 años, hasta ser aprehendido hace cinco días, y ahora se espera su extradición a Bolivia en un plazo de 40 días.
El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó ayer que el exsacerdote, hoy de 51 años, fue denunciado en 2007 por abuso deshonesto con agravante, figura que luego se tipificó como abuso sexual con agravante tras la reforma del Código Penal. Según la cronología presentada, el 27 de octubre una religiosa del internado envió una carta denunciando al cura, quien había salido del pueblo el 16 de octubre supuestamente para comprar alimentos y nunca regresó.
El 30 de octubre, con apoyo de personal especializado en psicología, se confirmaron abusos contra niños en el internado. El 7 de noviembre, el entonces arzobispo, monseñor Tito Solari, reconoció el caso que involucraba al sacerdote y pidió perdón a las víctimas y sus familias.
Ayer, Tejerina reveló detalles del modus operandi del exreligioso basados en los testimonios de las víctimas. Un adolescente de 14 años declaró que el cura lo llevó a un cuarto para ver videos, donde lo sometió a toques impúdicos e intentó violarlo. En otra declaración, un menor de edad relató que también fue llevado al mismo lugar y sufrió abusos similares.
Por estos casos, que involucran al menos a 30 víctimas, Sant’Anna nunca se presentó ante la justicia y fue declarado rebelde. Escapó y permaneció durante años en la casa de sus padres en Salto, Uruguay. El 26 de septiembre fue aprehendido mientras cuidaba plantas en el patio trasero del inmueble. Lo esposaron y ahora espera que concluya el trámite de extradición, ya que —según informó Tejerina— la documentación actualizada ya fue enviada. Con ese procedimiento deberá responder en Bolivia por los delitos cometidos, los mismos que reconoció en entrevistas a medios de su país y de Bolivia.
“Hay una declaratoria de rebeldía. Este señor (Sant’Anna) será sometido a juicio en Bolivia. Una vez que llegue, será puesto ante un tribunal, que fijará la audiencia y dictará la sentencia”, afirmó Tejerina.
Añadió que el caso no concluirá con la condena, ya que se investigarán otras aristas para establecer si hubo personas que lo encubrieron o lo ayudaron a huir de la justicia.
Las autoridades eclesiásticas en Bolivia guardaron silencio tras conocerse la aprehensión del exsacerdote. En Uruguay, el cardenal Daniel Sturla, consultado por los medios, afirmó que “si es culpable deberá responder por las situaciones que ha vivido” y aclaró que Sant’Anna nunca ejerció como sacerdote en la Iglesia uruguaya ni se registraron denuncias en su contra en ese país.
El caso de Sant’Anna mantiene en alerta a la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), que sigue de cerca cada avance y conserva la esperanza de que se haga justicia.
Estos hechos muestran que los abusos sexuales en instituciones eclesiásticas no son un problema del pasado. Durante la primera semana de septiembre, en Pojo, se conoció una denuncia contra el sacerdote y profesor Lorenzo Antonio F.V., radicado en el municipio desde hace más de 15 años, acusado de violencia sexual contra menores de edad, con al menos tres casos y posibles víctimas adicionales; actualmente cumple detención preventiva en el penal de Arani mientras continúan las investigaciones.
Del mismo modo, el sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas Moreno (+) cometió abusos sexuales contra niños y adolescentes en un colegio internado de Cochabamba y otras ciudades durante las décadas de 1970 y 1980, y hace un mes se dictó sentencia de un año de privación de libertad contra los jesuitas españoles y exprovinciales de la Compañía de Jesús, Ramón Alaix B. y Marcos Recolons, hallados culpables de encubrir sus delitos.