Caen 7 personas por encubrir violación e infanticidio de niña
Ayer hubo conmoción en el país luego de que el fiscal Leopoldo Chui denunciara que autoridades indígenas de la comunidad de Humanata, en la provincia Camacho de La Paz, accedieron a encubrir la violación y el asesinato de una niña de seis años, ocurrido el 2 de enero de 2017, a cambio de dinero.
Siete personas fueron capturadas en esa localidad, unas presuntamente implicadas en el vejamen y en el asesinato de la niña, y otras sindicadas de asociarse delictivamente con las primeras para encubrir ambos delitos.
El fiscal de Carabuco, Leopoldo Chui, quien viajó hasta Humanata a investigar el caso, informó ayer que cuatro de los siete aprehendidos son miembros de una familia - padre, madre y dos hijos mayores de edad- con quienes vivía la niña, aunque ella no era pariente de ellos. “Nos hemos prestado a la niña para hacer unos trámites y unas actividades, no es nuestra, pero no sabemos quién le ha hecho”, dijo el padre. Su esposa acotó que halló a la niña muerta y no sabe más. Los dos hijos mayores declararon ayer a un canal de televisión que ellos estaban en Brasil y llegaron después de la muerte de la pequeña.
Otros dos de los aprehendidos son autoridades indígenas que firmaron un documento y avalaron el pago de 12.000 bolivianos a la madre de la niña “como una reparación por el delito”. Además, cada una de las autoridades recibió 2.000 bolivianos de los autores del infanticidio “por ayudar a resolver” el caso dentro de la comunidad. Las dos autoridades dijeron que esta práctica es una costumbre en las provincias alejadas, donde no llegan policías, fiscales ni jueces. Según sus declaraciones, el dinero se habría repartido entre las “bases”.
La última detenida es la madre de la menor ultrajada, quien también sería cómplice del encubrimiento debido a que recibió 12.000 bolivianos de los acusados y calló el crimen.
El fiscal Leopoldo Chui exhibió fotografías del cadáver de la niña cubierto de hematomas y manchas de sangre. Sostuvo que los genitales de la pequeña tenían signos visibles de violación. La autoridad del Ministerio Público señaló que es necesario sentar precedente en el país, para que las autoridades indígenas remitan los casos de crímenes contra la libertad sexual y la vida, ante la justicia ordinaria. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Orlando Lafuente, dijo que los siete aprehendidos esperan la audiencia de medidas cautelares.
Infanticidio no
En zonas alejadas, las autoridades indígenas resuelven casos imponiendo castigos y multas, pero un infanticidio debe ir a la justicia ordinaria.