Caída de sicario devela que dos jueces lo liberaron en Santa Cruz
¿Por qué un delincuente que tiene varias denuncias por estafa, robo de autos y que fue condenado a 30 años de cárcel por asesinar a tiros a una niña de Santa Cruz estaba libre y delinquiendo de nuevo en Cochabamba? La pregunta del millón fue respondida ayer por el abogado de la familia de la pequeña Estefany.
El defensor Omar Barrientos considera que los operadores de justicia cometieron delitos penales al liberar a un hombre tan peligroso como el paraguayo Darío Derlis Palacios Vásquez, que también usa las identidades de Doroteo Ponce de Jesús (argentino), Roberto Suárez Charupa (boliviano).
“Ese hombre, es un mercader de la muerte, carente de todo sentido de respeto a la vida, con un ego deformado que representa un peligro para cualquier sociedad, pero está libre por orden de los jueces Janeth Paniagua y Freddy Coronel”, sostuvo el abogado Barrientos, quien libra una batalla desde el año pasado para procesar a estas autoridades judiciales.
RECURSO Barrientos explicó que el sicario que mató a la niña Estefany fue condenado en 2012 a 30 años de cárcel en Palmasola, pero en medio de chicanerías interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia que hasta la fecha no ha sido resuelto y que ha demorado la ejecutoriedad o confirmación de la sentencia por parte de la misma Corte.
Tras presentar el recurso de casación, el sicario solicitó la revocatoria de sus medidas cautelares y los jueces le fijaron una fianza de 100 mil bolivianos que él pagó sin problema, lo arraigaron y ordenaron su detención domiciliaria sin custodia.
“Una persona a la que le dicen quédese en su casa sin escolta, obviamente es beneficiarla y facilitarle su huida”, explicó Barrientos.
Darío Derlis Palacios no apareció más en las audiencias fijadas después y fue declarado rebelde. Siguió delinquiendo en Santa Cruz estafando a cuatro familias 10 mil, 15 mil, 20 mil y 30 mil dólares. Luego quiso hacerlo en Cochabamba, donde finalmente fue capturado.
DENUNCIA Barrientos denunció a los jueces por retardación de justicia, prevaricato y de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, pero “sorpresivamente, varios fiscales rechazaron esa denuncia, solo Marina Flores dio curso a este proceso, pero luego lo impidieron de nuevo y ahora está en manos de la Fiscalía de Distrito cruceña”, describió.
El abogado dijo que le envió una nota al exministro de Gobierno Jorge Pérez advirtiéndole que se estaba liberando a un delincuente muy peligroso, pero la autoridad nunca respondió. En Cochabamba esperan que el Tribunal de Sucre se pronuncie de una vez en este caso, para tramitar el traslado del sicario a Santa Cruz.
Con pruebas.
El sicario fue sentenciado con pruebas. Lo hallaron en poder de los 3 mil dólares que le pagaron y el arma.