Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 27 de enero de 2022
  • Actualizado 10:53

Acusados de linchar a 2 jóvenes en Vacas son enviados a El Abra

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Juan Carlos Arias y Rafael Gonzales fueron golpeados, quemados vivos y enterrados. 
Benedicto R.C. y Felipe G.C., acusados de instigar y linchar a dos jóvenes en Vacas, son presentados en conferencia de prensa. NOÉ PORTUGAL
Benedicto R.C. y Felipe G.C., acusados de instigar y linchar a dos jóvenes en Vacas, son presentados en conferencia de prensa. NOÉ PORTUGAL
Acusados de linchar a 2 jóvenes en Vacas son enviados a El Abra

Benedicto R.C. y Felipe G.C., acusados de instigar y linchar a dos jóvenes en el municipio Vacas, fueron enviados ayer con detención preventiva, por seis meses, al penal de El Abra. 

Más temprano, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó a los imputados, de 43 y 48 años, en una conferencia de prensa en el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba. Explicó que los linchados, Juan Carlos Arias Olivera y Rafael Gonzales Quispe, fueron acusados de robar un vehículo. Los pobladores de Totorapampa, una comunidad de Vacas, los rodearon, golpearon, ahogaron, quemaron vivos y enterraron, según la autoridad.

El caso se conoció el 28 de noviembre. Desde entonces, los efectivos comenzaron las investigaciones. Del Castillo dijo que dirigentes de las comunidades se aproximaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Punata aseverando que Benedicto R.C., propietario del vehículo que estaba siendo presuntamente robado por los ahora asesinados, instó a cometer el linchamiento. Asimismo, identificaron a Felipe G.C. como uno de los involucrados en el crimen.

Uno de los detenidos dio referencias del lugar donde estaban los cuerpos. El 1 de diciembre, personal de Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ministerio Público y Policía se constituyeron en la localidad de Loman Centro y hallaron restos óseos calcinados y algunas partes de los cuerpos.

El Ministro aclaró que este caso no corresponde a “justicia comunitaria”, sino asesinato. Ese delito se castiga con la pena máxima, de 30 años. Dijo que los comunarios, que tenían reducidos a los presuntos delincuentes, debieron reportar el robo a los efectivos policiales y autoridades correspondientes, y seguir el proceso penal.